Tras 35 días de aguerrida huelga, los trabajadores agrupados en el Sindicato N°2 de la mina Monteverde, consiguieron un bono de término de conflicto de $23 millones para cada uno de los 641 socios de la organización, de acuerdo a El Diario Financiero.
Un 70% de Mantoverde está en manos de Capstone Copper y en un 30% a Mitsubishi Minerals Corporation. Su operación registra ganancias récord. De hecho, en 2025, la faena produjo 62.308 toneladas métricas de concentrado de cobre y 32.807 toneladas de cátodos, equivalente a cerca del 0,4% de la producción mundial, según cálculos de Reuters.
La paralización de los empleados fue compleja y debió enfrentar a una patronal sumamente agresiva y que adoptó medidas ilegales contra la movilización.
Ya el viernes 30 de enero, el Sindicato N° 2 de la mina Mantoverde comunicó que la nueva propuesta de Capstone Copper fue rechazada por los trabajadores: «La oferta entregada es claramente discriminatoria y afecta el principio de buena fe, ya que es notoriamente menor incluso a la presentada a sindicatos minoritarios hace pocos meses. En consecuencia, es falso que sea similar a la entregada a otros sindicatos y que se haga de buena fe, como intenta hacer aparecer la empresa», afirmó la organización de trabajadores, y añadió que «estas condiciones no abordan las causas fundamentales del quiebre ni aseguran un trato justo para sus miembros».
Asimismo, en ese momento los empleados paralizados informaron que la Dirección del Trabajo planeaba iniciar acciones legales contra la empresa por prácticas antisindicales, debido a la realización de reemplazos ilegales de trabajadores durante la huelga.
De acuerdo a videos, el gremio denunció ataques de perdigones perpetrados por los guardias privados contratados por la empresa, los que se encuentran en la planta desalinizadora cercana a la comuna de Chañaral.
Los trabajadores acusaron que los guardias dispararon con perdigones en contra de compañeros que se encontraban movilizados.
Paralelamente, el sindicato reiteró su llamado a Capstone Copper para reanudar el diálogo, con el objetivo de «acordar una solución justa y no discriminatoria para poner término a un conflicto que perjudica a los trabajadores, a los dueños de la empresa y a la región de Atacama, además de dañar la imagen país».
En definitiva, luego de 5 semanas de huelga, en términos formales, el conflicto terminó tras un proceso de mediación voluntaria que involucró a 641 trabajadores. Dicho proceso fue encabezado por la Dirección del Trabajo y permitió acercar posiciones, restablecer el diálogo y alcanzar un acuerdo entre las partes.
Después del proceso de mediación, las partes lograron un entendimiento que se materializó en un nuevo contrato colectivo con vigencia de tres años. Este acuerdo permitió retomar la operación normal del yacimiento y otorgar estabilidad laboral a las y los trabajadores afiliados al Sindicato N°2.
