Este martes el Ministerio del Trabajo anunció que se iniciaron los diálogos tripartitos que servirán de insumo para elaborar el proyecto de ley de negociación colectiva ramal. Por ello, se esperaba la participación tanto del Ejecutivo, como de los trabajadores, representados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), a nombre del gran empresariado capitalista.
Sin embargo, el presidente del gremio patronal,CPC, Ricardo Mewes, señaló que se restarán de participar de estos encuentros porque «Consideramos que no es una buena política pública la que se está proponiendo. Tendrá un efecto negativo para el empleo y afectará principalmente a las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas ya negocian colectivamente».
En consecuencia, la mesa convocada por el gobierno ya no será tripartita. Así, no se podrá repetir el proceso para la elaboración del proyecto de ley de la jornada laboral de 40 horas semanales, donde sí hubo una labor consensuado con representantes de los trabajadores y de los empresarios.
Mewes afirmó que habló con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el lunes por la noche, informándole que no iban a ser parte de estas conversaciones. Y le planteó que esperarán el ingreso del proyecto al Congreso para ir a exponer sus argumentos y explicar por qué no la consideran una buena medida.
A lo que se refiere Mewes es a que el envío de esta iniciativa se selló en el marco de la última negociación por salario mínimo, donde el Ejecutivo se comprometió con la CUT a ingresar un proyecto de ley sobre la materia, en el último trimestre de este año. En ese acuerdo, firmado a fines de mayo, se estableció que «se desarrollará durante el tercer trimestre un diálogo tripartito sobre la regulación de la negociación colectiva multinivel. Concluido este proceso, el gobierno formulará una propuesta legislativa que se presentará en lo que resta de 2024″.
Para el dirigente patronal, una negociación ramal haría más rígida la relación entre los trabajadores y sus empresas, afectando «la empleabilidad, la productividad y la formalidad». Y sus ganancias, por supuesto.
En las seis ramas que forman el gran empresariado (CNC, Sofofa, CChC, Sonami, SNA y ABIF) hay un apoyo absoluto a lo expresado por Mewes de restarse de participar de esta instancia.
Lo que busca el Ejecutivo es fijar pisos por sector productivo en materias como seguridad laboral, salud y jornada laboral, entre otras temáticas.
En ese sentido, en el Ejecutivo han mencionado que la idea es que su implementación sea gradual, puesto que hay sectores más preparados para una negociación colectiva ramal, que tienen sindicatos más consolidados y representativos, y con empleadores que están bien organizados. Entre esos sectores están la minería, el comercio y los bancos.
Lo cierto, es que la negativa a sentarse a negociar pone a las grandes patronales en un pie de boicot a las políticas progresistas de la actual administración de La Moneda, y rechaza cualquier tipo de aspecto que beneficie potencialmente los derechos de la clase trabajadora.