El plan anti evasión del Ministerio de Transporte contempla entre una de sus medidas, la fiscalización por apertura de puertas traseras para los buses del transporte público, una imposición que puso en alerta a las y los choferes del Transantiago porque ahora harán caer sobre ellos la responsabilidad del pago del pasaje.
Según la cartera de Transporte, serán multas directas a las empresas, que van desde los $216.000 a $1.083.000, y no a las y los choferes. Sin embargo, los dichos ministeriales distan mucho de la realidad de las empresas operadoras con historiales de practicas antisindicales y relaciones abusivas con los trabajadores. Esto mientras quieren cargar a los choferes con responsabilidades de fiscalización, en una labor que ya demanda una alta concentración para el traslado de buses repletos de personas.
Giovanni Barrueto del Sindicato San José, exigió al Ministerio de Transporte que aclarara quién finalmente se llevara la multa, «si al conductor, o al operador dueño de la empresa concesionaria, sin hablar de lo excesos de jornada laboral, las prácticas sindicales que comete el empleador, la vulneración de los derechos fundamentales, por ejemplo no tener baño, no tener dónde comer, tener excesos de jornadas laborales, por un sueldo mínimo prácticamente».
La medida busca recargar más responsabilidades a las y los choferes y castigar la conducta que muchas veces tienen que tomar cientos de miles trabajadores, como es la evasión, porque simplemente el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes.
Desde hace ya varios días, cientos de máquinas del Transantiago hacen sus recorridos con pintadas avisando de «¡Alerta de Paro!», si es que el gobierno continúa con este plan.
El transporte público está privatizado y el Estado gasta millones de pesos en subvenciones a un puñado de empresas, recursos que salen del valor producido por el pueblo trabajador.