Las y los trabajadores de la cuenta CLARO denunciaron que deben vender planes de telefonía en la vía pública, sin contar con los permisos necesarios, quedando expuestos a ser detenidos y perseguidos por carabineros y guardias municipales.
Rosario trabaja hace cuatro años en ECR Group, se desempeña como vendedora en terreno en un punto fijo de una comuna de la capital. “Trabajar de punto fijo significa armar un módulo en la calle y abordar a la gente que circula por el lugar para venderle un plan de telefonía”.
Los empleados tienen que instalar módulos en la vía pública para poner la folletería de venta y llamar la atención de posibles clientes. Al terminar los turnos, los asalariados desarman el módulo y se lo tienen que llevar a sus hogares todos los días. “Por eso nos organizamos entre los compañeros que trabajamos en este módulo y le pagamos a una vendedora ambulante para que nos guarde los módulos y no tener que cargarlos el peso en locomoción colectiva todos los días”.
Al estar situados en la calle, los vendedores no cuentan con un lugar físico de trabajo, por lo tanto carecen de baño y de un espacio para almorzar. “Cada uno debe resolver cómo hacerlo. Algunos pagan en locales para que los dejen usar el baño, otros caminan hasta el mall. Y para almorzar lo mismo, o comes aquí en la plaza o buscas algún lugar”.
Ni la empresa principal de CLARO ni la contratista ECR Group les entregan patente o un permiso para vender en la vía pública. Deben enfrentar la calle como un vendedor ambulante, quedando expuestos a que carabineros los detenga y les quite la mercadería; o bien que los guardias municipales los saquen. “Los supervisores nos dicen que mostremos nuestro contrato de trabajo para demostrar que nuestro contrato dice que debemos trabajar en terreno, pero eso no es suficiente, mostrar el contrato no sirve de nada”.
Rosario comenta que han hablado sobre los abusos con supervisores, “les hemos dicho y los supervisores nos responden que saquemos el módulo cuando llegue carabineros, lo guardemos y esperemos un momento y luego cuando se vayan lo volvamos a instalar”.
Ante esta situación que resulta ser la más delicada en términos legales, la dirigenta Romina Rojas plantea que la empresa es quien debe gestionar las medidas necesarias para que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones. “Cada vez que le hemos exigido a la empresa una aclaración, ellos responden que está todo en regla y en orden. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué se han llevado a trabajadores detenidos? ¿Por qué tienen que arrancar cuando llega carabineros? Tanto ECR Group como Claro saben perfectamente que mostrar el contrato no es suficiente”, y agrega que, “Lo único que hemos conseguido es que las multas que se hayan realizado por vender en la vía pública, sin permisos, sean pagadas por el empleador y no por los trabajadores”.
Rosario reclama que los supervisores nunca dan la cara con carabineros ni con guardias municipales, “somos nosotros mismos los que tenemos que mediar con ellos para que no nos lleven detenidos», y añade que, “los ejecutivos venden el servicio a los clientes, por lo tanto, son la cara visible de CLARO. Si un cliente está disconforme les viene a reclamar a ellos. Entonces tienen que estar pendiente de hacer la venta, hacer la post venta y además de impedir que los saquen las autoridades policiales. Es mucha la presión la que está sobre ellos”.
A todo lo anterior se le suma la falta grave de que no hay registro de asistencias. Al estar en la vía pública y no contar con un lugar físico, no tienen dónde firmar el registro de asistencia. Y los supervisores visitan los puntos de ventas 2 o 3 veces a la semana.
Ante esta situación Romina explica el procedimiento de los supervisores de ECR Group: “finalmente los supervisores juntan a los trabajadores en un día y los hacen firmar a todos por el mes completo. Por si los fiscalizan, ellos pueden mostrar registros firmados. Pero no se firman día a día como es el derechos de cada trabajador, según la ley», y señala que, “El flagelo del subcontrato es terrible”.