Prácticamente un 90 por ciento de las y los trabajadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, UCSC, votó la huelga frente a la miserable oferta que le hizo la empresa de educación superior.
Las y los empleados no estuvieron dispuestos a firmar un reajuste salarial de un 3,5 por ciento bajo el IPC, cuando la inflación se encuentra en más de un 10 por ciento y puede terminar el año en alrededor de 13 por ciento. Misma cosa ocurrió con el ofrecimiento de la firma religiosa de una rebaja en los bonos de alimentación y movilización, además dividido en dos años, así como un bono de fin de negociación de 550 mil pesos, cancelable en dos cuotas con varios meses de diferencia.
El presidente del sindicato que alberga a 900 trabajadores, Ángelo Jara, se mostró sorprendido frente a la conducta de la empresa universitaria e informó que ya el año pasado los asalariados estuvieron dispuestos a rubricar una prórroga del contrato colectivo vigente, tras entender los fundamentos de la empresa sobre el supuesto mal estado de sus finanzas por el Covid-19. Sin embargo, este año, nuevamente la patronal esgrime crisis económicas, imponiendo directamente una rebaja salarial.
El dirigente también denunció que la universidad quiere que lo que salga del contrato colectivo se haga extensivo a los trabajadores no sindicalizados, cuando se quejan de que no tienen recursos y, por otra parte, quienes no pertenecen al sindicato son empleados que tienen los mejores salarios, entre los que se cuentan los propios abogados que negocian por el lado de la universidad. O sea, los abogados de la empresa universitaria son académicos de la propia casa de estudios que ganan por asesorar a la empresa contra sus compañeros, y además quieren para sí lo que pueda conseguirse mediante el contrato colectivo.
El Sindicato de Trabajadores de la UCSC se fundó en 1980 y es la única organización que representa a las y los empleados de la Universidad. El 75 por ciento de las y los funcionarios contratados hacen parte del sindicato.