Este martes 20 de julio se ingresó una acusación constitucional contra el actual ministro de Educación del régimen Piñera, Raúl Figueroa, en la Cámara de Diputados, fundada en la vulneración de derechos consagrados en la Constitución, como el derecho a la Educación, a la Vida, y a tratados internacionales y el principio de legalidad.
El documento de la acusación se funda sobre las decisiones políticas impuestas por el titular del Mineduc, como, por ejemplo, «el abandono y desprotección respecto de las condiciones laborales durante la pandemia».
Asimismo, el texto indica que, «queda en evidencia el grave déficit de las condiciones mínimas y efectivas que se requieren para un retorno a clases presenciales en condiciones seguras».
La acusación imputa directamente a Figueroa por su negligencia, y los argumentos centrales hace tiempo que han sido detallados por las comunidades educativas, como también por los gremios de la salud.
Por su parte, el presidente del Colegio nacional de Profesores de Chile, Carlos Díaz, expresó que existen razones de sobra para la acusación contra el ministro Figueroa por «Intentar abrir las escuelas, volver a la presencialidad a como dé lugar, pero sin considerar que estén las condiciones efectivamente para garantizar que esto se haga con la protección que corresponde y con el cumplimiento de los protocolos en todas las escuelas».
En términos pedagógicos, para el dirigente magisterial las críticas a Figueroa, «Tienen que ver fundamentalmente con que el ministerio no se ha hecho cargo durante todo este tiempo de pandemia, más de un año y medio prácticamente, de entregar la conectividad a los estudiantes para que puedan acceder a las clases telemáticas, una cuestión central y fundamental».