De acuerdo al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Informe de Finanzas Públicas (IFP), el déficit fiscal efectivo de 2025 alcanzó el 2,8% del PIB y el déficit estructural llegó al 3,55% (unos US$13.200 millones), muy por encima de la meta original del 1,1%.
Sobre esos guarismos, el presidente electo Juan Antonio Kast señaló que «tenemos un gasto excesivo. Esos números son objetivos. Todos los entes públicos saben que tenemos un problema presupuestario enorme».
Kast ha dicho hasta el hartazgo que pretende ejecutar un ajuste fiscal de US$6.000 millones.
Ahora bien, la reducción del gasto puede traducirse en un menor financiamiento para los derechos sociales y las políticas públicas. Esto quiere decir que durante el 2026, la administración Kast, ya en La Moneda, recortará drásticamente la inversión en salud y educación públicas, vivienda y bonos focalizados a las facciones más empobrecidas de la población.
Lo anterior, en un contexto internacional, regional y local, caracterizado por una crisis sobreproducción de capitales que comporta un freno a la economía e industria productiva. Como es habitual en estas crisis, el empresariado transfiere sus pérdidas a los trabajadores mediante la compresión de sueldos y la implementación de políticas de austeridad. Las políticas de ajuste, además, provocan la acumulación cada vez mayor de recursos en el polo del gran empresariado, extrayéndolos de la clase trabajadora. Un análisis de cómo han incrementado sus fortunas estos últimos cinco años los dueños de los grandes grupos económicos en Chile, muestra claramente los resultados de estas políticas.
En otras palabras, los magros resultados económicos del 2025 en Chile y en el mundo (salvo excepciones como India), debido al aperturismo y dependencia del país respecto de las economías centrales del planeta, y a la aplicación de medidas propias del liberalismo ortodoxo clásico y antipopular (neoliberalismo), el próximo gobierno de Kast busca resolverlos mediante «el apriete de cinturón» de las mayorías sociales y el pueblo trabajador.
Por tanto, es posible proyectar un aumento de la desigualdad socio-económica; el incremento del subempleo y el desempleo; la informalidad y «uberización» laboral; el llamado «cuentapropismo»; la tercerización y el subcontrato; el empleo a contrata y a honorarios; la reducción del sueldo (como ya ocurrió con los empleados fiscales, donde el reajuste salarial fue menor que el IPC); la polifuncionalidad laboral y el aumento de la explotación humana.
Asimismo, ante la escasez de inversión empresarial productiva, Kast pretende alentarla mediante subsidios al capital, por ejemplo, flexibilizando la supervisión ambiental frente a proyectos extractivistas de toda índole; y/o pagando a distintos sectores del empresariado parte de la planilla de salarios de los trabajadores. Esto es, adelantando gratuitamente una facción de la ganancia empresarial.
Frente a los acontecimientos, se torna cada vez más urgente la sindicalización, negociación por rama, organización, unidad y lucha de la clase trabajadora tras la conquista de sus derechos sociales, en alianza con el conjunto de grupos sociales oprimidos por el régimen establecido.