A través de un comunicado, el Sindicato Nº 2 de Trabajadores, desmintió que esté tomada la Planta Desaladora de Capstone Copper Mantoverde, situada en el Balneario de Flamenco, sector Villa Alegre de la comuna de Chañaral.
Los representantes del sindicato sostuvieron una reunión formal con el Delegado Presidencial Regional; con el Delegado Presidencial Provincial y la Directora del Trabajo de Atacama, todo en el marco de mediación aceptada por los trabajadores paralizados, denunciando que a “dicha reunión se negaron asistir los representantes de la empresa”.
Asimismo, el sindicato recordó que el miércoles 21 de enero comunicó a la empresa que un grupo menor de socios que había obstaculizado el ingreso de personal de la compañía, desistió de su conducta y que todo el personal que labora habitualmente en la planta puede ingresar a ella sin inconvenientes.
La organización sindical explicó que la reacción “de este grupo de trabajadores se debió a la agresión que sufrieron la madrugada del lunes 19 de enero tres huelguistas a manos de la unidad de choque de la empresa, antecedentes que fueron puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Copiapó”.
El sindicato también desmintió “el relato falso de la empresa en cuanto a que había ingresado una turba a la planta, generando daños de consideración que la dejó inutilizada”, y que de hecho, ”Se hizo presente a la autoridad judicial que se levantó registro audiovisual del estado de la planta entre un Gerente y el Presidente del Sindicato, que evidencian que la Planta Desaladora no tiene ningún daño, antecedentes que también se presentan a la Corte”.
La agrupación de trabajadores movilizados sostuvo que ”La Administración de la empresa incluso afecta los intereses de los propios dueños, al no iniciar la operación de la planta; todo ello para sostener un relato que criminaliza la huelga y el sindicato y, con ello presionar para obtener órdenes judiciales de auxilio de la fuerza pública, como organismo represivo para desarticular la huelga legítima”.
Finalmente, el sindicato exhortó a las máximas autoridades “a intervenir y exigir que la empresa retome el diálogo para resolver este conflicto, que incluso afecta sin necesidad alguna la imagen país con relatos falsos y catastróficos”.
Los trabajadores precisaron que sus solicitudes tienen un costo anual de 500 mil dólares, lo que representa poco más del 0,03% de los ingresos proyectados por la empresa para el 2026, estimados en más de 1.400 millones de dólares.