Sobre la relación entre migración y trabajo en Chile, la integrante de la Fundación SOL, Andrea Sato, señaló que «En el contexto de la elección presidencial de 2025, las propuestas de la derecha, específicamente la de expulsar a toda la población migrante no regularizada, han llevado a un debate superficial que ignora las raíces profundas de la migración», y añadió que «Las decisiones migratorias no se toman a la ligera; son el resultado de crisis económicas y sociales en los países de origen. Para muchos, la migración representa una vía de escape de situaciones insostenibles. En este sentido, es crucial entender que la migración no es un fenómeno aislado, sino una respuesta a un modelo económico global que prioriza la maximización de beneficios a expensas de la fuerza de trabajo. En Chile, este fenómeno se traduce en la creación de un mercado laboral precario, donde las personas migrantes son absorbidas en empleos con condiciones desfavorables que buscan reducir costos laborales».
La especialista informó que «Los datos recientes son reveladores y se pueden ver en el informe trimestral de Fundación SOL acerca de la calidad del empleo (IMCE). Según los datos del trimestre agosto-octubre de 2025, la población migrante en edad de trabajar -15 años y más- asciende a 1.362.184 personas, que equivale al 8,2% de la población en edad de trabajar nacional. De esta, poco más de un millón está ocupado/a (11% de los/as ocupados/as a nivel nacional), casi 77 mil desocupados/as (11% del nivel nacional) y casi 251 mil inactivos/as (4% del nivel nacional). A pesar de la alta ocupación, podemos observar problemas estructurales en torno a la calidad de vida».
Según el estudio de Fundación SOL «Trabajo y Migración: Inserción laboral y valor de la fuerza de trabajo en la población migrante», la pobreza multidimensional es alarmantemente alta entre la población migrante, alcanzando 30%, en comparación con el 14% de la población no migrante. Esta diferencia no solo refleja condiciones de vida desiguales, sino también la explotación sistemática de la mano de obra migrante en un mercado que no retribuye su contribución de manera justa.
Sato comunicó que «La brecha salarial también es significativa: el promedio de ingresos es de $628.223 para migrantes, frente a $742.544 para no migrantes. Este 15% de diferencia salarial no es solo una estadística; es un reflejo de la desvalorización del trabajo migrante, que a menudo se ve relegado a sectores de baja remuneración y alta precariedad», y agregó que «El uso político de la crisis migratoria por parte de figuras como José Antonio Kast, que busca capitalizar el sufrimiento de los migrantes varados con fines electorales, es un acto irresponsable. La verdadera solución a la crisis migratoria no radica en la expulsión masiva, tampoco en la «invitación» de irse del país, sino en la creación de políticas integrales que aborden las causas de la migración y fomenten la inclusión de las personas migrantes en la economía chilena de manera sostenible».
En la misma línea, Andrea Sato opinó que «La militarización de la frontera y el discurso de expulsión sólo perpetúan un ciclo de exclusión y marginación, ignorando el potencial de las personas migrantes como contribuyentes valiosos al crecimiento del país. En lugar de demonizar a quienes buscan una mejor vida, sería más constructivo reconocer y valorar su papel en la sociedad chilena».
Para la investigadora, «Es momento de cambiar la narrativa y fomentar un debate que reconozca la dignidad y los derechos de toda la clase trabajadora, sin importar su estatus migratorio. Enfrentar el verdadero problema: es un mundo hostil que expulsa a las personas de sus países de origen y les obliga a emplearse en condiciones de precariedad en los países de destino para aumentar las ganancias del capital global».