Los gremios del Estado solicitaron un reajuste real del 2%, la universalización de bonos y asignaciones, avances en estabilidad laboral, salud mental y reducción de jornada. Asimismo, exigen un cronograma acotado y que la negociación se resuelva antes del 15 de diciembre.
La Mesa del Sector Público —coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y conformada por 16 organizaciones de trabajadores estatales— comenzó formalmente la negociación del reajuste del sector con los ministros de Hacienda y Trabajo, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo. El encuentro marca el comienzo del proceso anual que se abrió el pasado 26 de noviembre.
El pliego de reivindicaciones contiene un amplio paquete de demandas económicas, laborales y de nivelación que son determinantes en el último año del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Entre los puntos cardinales se encuentra la solicitud de un reajuste real del 2% para el periodo diciembre 2025–noviembre 2026, aplicable a todos los regímenes del Estado, incluidos trabajadores a honorarios, municipalidades, universidades estatales y servicios locales de educación.
También, las empleados fiscales exigen asegurar la cobertura universal de aguinaldos, bonos y asignaciones, eliminando criterios de exclusión que afectan especialmente a trabajadores regidos por leyes especiales, SLEP y el sector municipal. Y reclaman la urgencia de avanzar en compromisos pendientes sobre salud mental, cuidado infantil, estabilidad funcionaria, titularidad y la aplicación de la jornada laboral de 40 horas en el sector público.
En este contexto, las organizaciones buscan que la discusión concluya antes de la segunda vuelta presidencial, mientras que el Ejecutivo aún no define un cronograma al respecto.
Laura San Martín, coordinadora de la Mesa del Sector Público, afirmó que “Tenemos un problema con el tema de los calendarios para negociar y estamos esperando una nueva propuesta del gobierno”, y agregó que la prioridad de la Mesa es clara: “Queremos negociar antes de que sean las elecciones presidenciales (…) No podemos incidir en el Parlamento, pero sí incidir en este tipo de negociación”.
San Martín indicó que “Estamos dispuestos a sentarnos a negociar todos los días. Las 24 horas si es posible, pero lo importante es sacar una buena negociación para todos los trabajadores y trabajadoras”.
La dirigenta enfatizó que las demandas no son nuevas, sino pendientes de negociaciones anteriores: “No hay muchas cosas nuevas en este petitorio. Son cosas que se vienen arrastrando de ajustes anteriores”.
Por su lado, Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT y encargada del sector público, precisó que “Esta no es cualquier negociación. Esta es la última negociación de este gobierno. No sabemos todavía la línea política que tiene el que viene, pero sí sabemos que tenemos un parlamento que va a ser difícil de convencer”, y añadió que “Lo primero es que las remuneraciones y las asignaciones estén completamente aseguradas”, y recalcó que esperan conocer la nueva propuesta del Ejecutivo para evaluar la disposición del gobierno a modificar el calendario.