Mediante un comunicado público, la Asociación Nacional de Trabajadores/as del Servicio de Protección Especializada (ANTRAP), ocupada de la defensa de la niñez en el país, denunció un retroceso histórico de sus derechos laborales tras un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR).
La CGR, a través del dictamen E-121666/2025, cambia la forma en que se calculan los pagos por feriados, permisos y licencias médicas del personal que trabaja en turnos de 12 horas durante todo el año, y desconoce las horas históricas, dañando las remuneraciones de tutores, encargados de vida familiar y Técnicos/as en Enfermería de Nivel Superior (TENS).
La agrupación de trabajadores/as enfatizó que las modificaciones impuestas profundizan un modelo laboral que ya funciona al límite. “El sistema lo sostienen trabajadores precarizados”, informan los agremiados, añadiendo que el Estado no puede exigir estándares elevados de cuidado mientras reduce las condiciones básicas de quienes lo hacen posible.
La asociación emplazó a la Contralora, solicitando revisar el dictamen a causa de que desconoce “el pago promedio de horas históricas consideradas como parte de la jornada ordinaria, tales como el derecho a feriados, licencias médicas y permisos, lo que constituye un grave retroceso de los derechos laborales”, y a su vez, pidieron al presidente Boric enviar un proyecto de ley que garantice estos derechos y otorgue coherencia a la política pública que, desde el propio Estado, ha insistido en “la necesidad de cuidar a los que cuidan” y en que “las y los niños están primero”.
El gremio advirtió que esta decisión afecta tanto al Servicio de Protección Especializada como al Servicio de Reinserción Juvenil al precarizar la labor de cientos de funcionarios; y que lo que está en juego no es una diferencia técnica, sino las condiciones mínimas para sostener el cuidado cotidiano de miles de niños y niñas en contextos de alta vulnerabilidad.