El Sindicato de Trabajadores de Conaf en Magallanes expresó su defensa en la labor de los guardaparques luego del accidente ocurrido el 17 de noviembre en el Parque Nacional Torres del Paine, donde cinco turistas perdieron la vida.
La organización indicó que los funcionarios del parque han sido injustamente señalados, pese a trabajar con un presupuesto cada vez más limitado y con dotaciones insuficientes.
El secretario del sindicato, Juan Romero, enfatizó que la actuación de los guardaparques ha sido cuestionada sin fundamentos sólidos, y que la alerta de Senapred entregada ese día no obligaba al cierre de senderos ni advertía un escenario extremo que los funcionarios pudieran anticipar.
Romero explicó que «La falta de personal, la falta de presupuesto para operar es histórica. Año tras año ha ido disminuyendo el presupuesto».
El representante de los trabajadores expuso además que los guardaparques enfrentan presiones externas cuando intentan cerrar rutas por prevención, especialmente por parte de operadores turísticos que buscan mantener la actividad pese a los riesgos.
En esa línea, el gremio apuntó directamente a las máximas autoridades como las que deben responder ante la tragedia. “Si hay que buscar responsables y hacer una investigación, hagámosla pero desde arriba”, enfatizó Romero. Los responsables identificados son el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, quienes han instruido la disminución de recursos, y el director ejecutivo de Conaf, quien realiza una redistribución presupuestaria calificada de “paupérrima para esta región”.
Esta situación genera vacíos críticos en la cobertura de los senderos de alta montaña, donde un guardaparque debe caminar hasta 13 horas para el cambio de rol. El sindicato exige “más personal” e implementar turnos intermedios para garantizar que los puestos nunca queden vacíos. Para esto, claramente, se requieren más recursos».
Asimismo, el Sindicato de Conaf lanzó duras críticas contra el sector privado de la región, incluyendo a concesionarios, operadores turísticos y cámaras de turismo, precisando que actúan por “codicia”.
Romero Morano explicó que son los mismos empresarios que culpan a Conaf en momentos de crisis, pero que históricamente presionan a las autoridades para evitar que la institución cierre circuitos o senderos ante el mal tiempo.
La razón, apuntan, es económica: cerrar el circuito implica que las 2 mil personas que diariamente permanecen o pernoctan dentro del parque tengan que pagar más noches en los campamentos concesionados, lo cual es rechazado tanto por los operadores como por los turistas, que buscan completar el circuito rápidamente para “no pagar de más”.
* Varias fuentes