El hundimiento de la lancha Bruma, acaecido el 30 de marzo frente a las costas de Coronel, dejó a siete pescadores artesanales desaparecidos y a la empresa Blumar en medio de duros cuestionamientos respecto de su responsabilidad en el eventual fallecimiento de los pescadores artesanales de la pequeña lancha Bruma. El barco industrial Cobra (pesca de arrastre) es investigado por la Fiscalía como principal sospechoso de haber colisionado con la lancha artesanal. La Fiscalía ratificó que hubo «hallazgos de pintura y aparte estos elementos materiales que son madera, cuerdas» en la hélice y casco del Cobra, cuyos elementos podrían ser cardinales para llegar a la verdad de lo acontecido.
A la tragedia, se agregó el extraño encuentro sin vida de Juan Sanhueza, vigía del barco industrial, el cual debía declarar ante la Policía de Investigaciones y desapareció misteriosamente el 4 de abril. Su cuerpo fue hallado en Coronel este 10 de abril.
La empresa Blumar surgió en 2011, luego de la fusión de Pesquera Itata y Pesquera El Golfo, quedando en manos de las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz. Entonces, pasó a controlar más del 30% de la cuota de merluza común y el 20% del jurel, transformándose en la mayor tenedora de derechos de pesca de Chile. Su crecimiento siempre estuvo garantizado por una poderosa red gremial y política.
Rodrigo Sarquis Said, presidente del directorio de Blumar, además gerenció Sonapesca y Asipes, dos de las organizaciones patronales más influyentes del sector. Su nombre está entre los asistentes a una reunión privada realizada en noviembre de 2023 por su primo, el exalcalde de extrema derecha Pablo Zalaquett, donde también asistieron el ministro de Economía Nicolás Grau y la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas. La cita se efectuó por fuera de la Ley de Lobby, e hizo parte de un buen número de reuniones investigadas por CIPER, donde asistieron representantes del conglomerado PacificBlu, que concentra a Blumar, Pesquera Bío Bío y Congelados Pacífico. Blumar, también, fue escrutada por pagar campañas políticas.
Blumar logró apropiarse del 26% de la sardina común, 31% de la merluza común y más del 20% del jurel, en virtud de la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), del año 2001, que brindó derechos pesqueros a las compañías con mayor capacidad extractivista. El tiempo y la destrucción de competencia, colaboraron con el control de las riquezas marinas en unos pocos. Blumar fue uno de los mayores beneficiarios, cuyos efectos son criticados por científicos y comunidades costeras.
En el año 2017, CIPER publicó los pagos que hizo la corporación Blumar a militantes de la UDI, PS y DC, y boletas a familiares y asesores parlamentarios. El exdiputado Fuad Chahín de la DC aparece con una boleta por $2 millones emitida en 2009. Mismos pagos, sin respaldo laboral, de la ex Pesquera El Golfo a la red de boleteros de Pablo Longueira se dieron a conocer profusamente, de modo que el Ministerio Público allanó las dependencias de Blumar, en el 2016.
La página de periodismo de investigación Interferencia, reveló que el caso Hermosilla también manchó a la industria pesquera. PacificBlu, conglomerado que concita a Blumar, Pesquera Bío Bío y Congelados Pacífico, apareció con pagos por $59,5 millones a la sociedad Asesorías y Negocios Commercia SpA, ligada a Leonarda Villalobos y Luis Angulo. Por su parte, Asipes realizó giros por más de $120 millones a la misma empresa. A lo anterior, se agregan las transferencias a Exequiel Silva, exdiputado DC, por más de $33 millones, de acuerdo al Ministerio Público y la Contraloría.
En su área salmonera, Blumar fue sancionada en el 2023 por la Superintendencia del Medio Ambiente por sobreproducción en el centro Mina Elena, en Magallanes; además de acumular infracciones en Aysén, donde fueron advertidos niveles de piojos de mar hasta 42 veces más que lo permitido en Noruega.
Lo que sigue son los 12 principales accionistas de Blumar S.A. al año 2025, así como la actual composición de su directorio. Estos empresarios, representantes familiares y exautoridades gremiales, corresponden al grupo de interés y poder de una de las firmas más influyentes de la industria pesquera e industrial chilena.
Estos son los 12 mayores accionistas de Blumar S.A., según la Comisión para el Mercado Financiero.
Pues bien, la desgraciada desaparición de siete pescadores artesanales, el hallazgo sin vida de un tripulante clave del barco Cobra, las sanciones ambientales y una larga historia de financiamiento a la política, sitúan a la compañía Blumar muy lejos de la transparencia que busca proyectar en sus medios institucionales.
La tragedia sufrida por los pescadores artesanales y que impacta en amplios sectores socialmente sensibles de la población, de nuevo ubica en la discusión pública las problemáticas de la concentración capitalista, la supervisión ambiental y la relación carnal entre el poder económico con el político.
* Con información de El Ciudadano, CIPER e Interferencia.