El Hospital El Carmen de la comuna de Maipú, Región Metropolitana, cuenta con una dotación de alrededor de 4 mil funcionarios, entre trabajadores clínicos y administrativos. Todos cumplen funciones permanentes y habituales y 556 laboran a honorarios.
Desde el jueves 19 de marzo, las y los empleados a honorarios han sido notificados de despidos, los cuales deben hacerse efectivos entre el 30 de marzo y el 31 el mayo. Se trata de 22 trabajadores a honorarios, administrativos y clínicos -sólo para comenzar-, cesados sin ningún argumento ligado a la calidad de su desempeño o a que las funciones que efectúan están siendo mal ejecutadas o son innecesarias.
La razón esgrimida por las autoridades del recinto se basa en la imposición del Gobierno Central del país de recortar el 3% del presupuesto de gastos del hospital, debido a que el centro sanitario acumula un déficit económico estructural. Ello ha sobrepasado las capacidades de atención a la inmensa población usuaria que recurre a El Carmen. El fenómeno es achacado por los trabajadores a una mala administración, y a la grave crisis que acarrea la salud pública, producto de su desfinanciamiento y privatización desde la dictadura y continuado por los gobiernos civiles.
En este, como en otros muchos casos, la crisis termina siendo pagada por los trabajadores más precarizados y sin derechos laborales.
Desde le viernes recién pasado, los funcionarios a honorarios han iniciado un proceso de denuncia y movilización para visibilizar la vulnerabilidad, inseguridad y precariedad en que desempeñan sus labores cotidianamente. El actual Estado chileno, como empleador, no actúa distinto que las corporaciones privadas, empobreciendo sistemáticamente a las y los trabajadores, sin derechos, sin protección a la maternidad, despidiendo injustificadamente a funcionarios que cumplen tareas indispensables para el correcto desarrollo del recinto.
