Los y las trabajadoras de plataformas digitales representan alrededor del 3% de la fuerza laboral del país, equivalente a más de 300.000 trabajadores de delivery y transporte, cifra que desde la pandemia ha ido en constante ascenso.
Pese a la promulgación el año 2023 de la Ley 21.431 que modifica el Código de Trabajo en reglamentar algunas condiciones laborales para este sector y poder fiscalizar a las empresas, los avances en esta medida aún son pobres y contienen vacíos que impiden el acceso al grueso de trabajadores y trabajadoras a un mínimo de derechos laborales.
La precarización se manifiesta en un alto porcentaje de informalidad. Hacia finales del 2024, la OIT (informada por entes del Estado chileno) identificaba que cerca del 60% estaba en estas condiciones, además de la ausencia de prestaciones sociales mínimas, seguros, y de profundas prácticas de explotación humana (plusvalía absoluta) basada en extensas jornadas laborales a cambio de un salario cercano al mínimo.
Por otro lado, la gran fuerza de trabajo de este sector son las personas migrantes que llegan en condiciones empobrecidas, por no poder acceder a una regularización que les permita acceder a derechos elementales.
A las dificultades para organizarse laboralmente se agregan la ausencia de capacitación y el miedo a represalias en un rubro altamente flexibilizado y sin mayores resguardos.