El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) emitió un informe donde afirma que, por tercer año consecutivo, el presupuesto fiscal presentó un déficit en su balance estructural (regla de política fiscal que dirige el gasto público sobre la base de ingresos a largo plazo -cobre y PIB tendencial- y no en ingresos coyunturales).
Al respecto, el 2025 cerró con un saldo negativo igual al 3,6% del PIB, superando el 1,1% proyectado (2,5% de diferencia).
El CFA indicó que el gobierno excedió el acuerdo marco de la Ley de Presupuesto, considerando que el 2025 no fue un periodo con eventos extraordinarios. El «desvío» estructural comporta la falta de credibilidad del país en cuanto a sus compromisos en materia de regla fiscal.
Asimismo, el 2025 la deuda pública se mantuvo en un 41,7% respecto del PIB, al igual que el 2024, con una tendencia a incrementarse hacia un 45%, guarismo que dirime la calificación de confiabilidad del Estado de Chile para orientar las oportunidades gananciales de las empresas inversionistas, independientemente de su procedencia.
En este sentido, el CFA opinó que persisten los déficit estructurales, la baja de los activos del Tesoro Público, y el incremento del pago de los intereses de la deuda pública.
El informe notificó que el año pasado el gobierno central tuvo ingresos equivalentes sólo a un 2% del PIB, a causa de un menor monto de los impuestos y rentas de propiedad.
Según el CFA, el recorte y ajuste presupuestario (de por sí violento y que daña las carteras sociales y a los empleados fiscales) «fue menor al necesario para sostener la regla fiscal» (!).
El reporte del CFA (fundado en la ortodoxia liberal) sale sólo de un equipo técnico que se usa como referencia dentro de ese ámbito, pero no explora las causas profundas que explican la situación económica del Estado.
Siempre dentro de los parámetros establecidos por el régimen del capital, tanto en el país, como en gran parte del mundo, existe un estancamiento de la inversión productiva privada y pública. O sea, la creación de nuevo valor real, de riquezas que no existían antes, sufre un lapso de paralización relativa debido a los conflictos bélicos en curso y a la eventualidad de una conflagración mundial. Ante la incertidumbre, el gran empresariado busca refugio en la especulación bursátil e instrumentos financieros ligados a las enormes corporaciones cibernéticas y de IA, cuando, de acuerdo a economistas de diversas escuelas, estas se encuentran sobrevaloradas a causa de que no se han incorporado con la velocidad prometida a las diversas industrias existentes, lo cual abre la posibilidad cierta de una burbuja en el sector. Mismo ocurre con la inversión en el (casi) saturado sector inmobiliario y en la economía B (narcotráfico, trata de personas, comercio sexual infantil, tráfico de órganos, apuestas virtuales), que lava sus utilidades en paraísos fiscales para evitar pagar cualquier tipo de impuestos. En tanto, los Estados centrales del mundo están destacando cada vez más recursos en una nueva carrera armamentista.
En Chile, el gobierno de Boric incumplió sus más importantes promesas de campaña debido a la no aprobación de la (tímida) reforma tributaria, desde donde saldrían las platas para costear reformas de beneficio social. Como no fue así, para salvar a las AFP, Isapres, subsidiar empresariado directa e indirectamente (por ejemplo, pagando parte de las planillas de sueldo de algunas industrias como las salmoneras), mantener la PGU y otros bonos focalizados (y no adicionables entre sí), no desfinanciar todavía más la salud y educación públicas, y vivienda social (recientemente recortada presupuestariamente a la mitad), debió tomar deuda pública.
Como dato de la causa, vale recordar que la suma de la deuda pública todavía es mucho menor que la deuda de la empresa privada y los hogares (la más abultada de América Latina). En total, la deuda supera el 100% del PIB. O sea, el conjunto de la sociedad chilena ya gastó los recursos equivalentes a todo un año económico.
Como ya lo ha advertido el gobierno encabezado por JA Kast, los ajustes persistirán. En su programa él habla de ahorrarle al Estado 6 mil millones de dólares en 4 años. Ello, abiertamente, significa más precarización laboral del sector público, destrucción de empleo y de cargos, no movilidad funcionaria, empobrecimiento de las condiciones de empleo e infraestructura, polifuncionalidad, fragmentación de las organizaciones gremiales, etc. En otras palabras, ejecutar tanto una reducción absoluta como relativa de las remuneraciones de los empleados públicos.
Lo mismo ocurre en el sector privado. Con el objetivo de volver a obtener las tasas de beneficio previas a la pandemia, están aplicando las mismas políticas del Estado. Ahora bien, hoy podría decirse que, a diferencia de ayer, el sector privado de la economía dicta las políticas del Estado (independientemente de la administración de La Moneda), y el sueldo mínimo cada vez más se acerca al sueldo máximo.
Andrés Figueroa Cornejo