Un reciente fallo de la Corte Suprema estableció que la contrata en el sector público es «incompatible con cualquier pretensión de estabilidad», un dictado calificado como «relevante» por El Mercurio porque «asesta un revés» al principio de la «confianza legítima» que según el diario de extrema derecha, permitía hasta ahora la continuidad de funcionarios del Estado.
La Tercera Sala de la Corte Suprema (causa rol N° 28.295‑2025) confirmó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, que rechazó un recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad de Curicó por un funcionario en condición laboral de contrata, frente a un Oficio en el que se le notificó que su contrato no sería renovado tras su vencimiento.
Este caso provocó el pronunciamiento de la Suprema, que para la dirigenta de la CUT y presidenta de la Ajunji Silvia Silva, «representa un retroceso en materia de derechos laborales y refuerza la precarización del empleo público, afectando a miles de trabajadoras y trabajadores que, pese a cumplir funciones permanentes, continúan sin garantía de continuidad laboral», añadiendo que «(el fallo) no está solo vulnerando las garantías y los derechos de las y los trabajadores, sino también el de la misma ciudadanía. Lo preocupante, es que además se generan las condiciones para reducir el Estado, debilitando los derechos ciudadanos».
La lideresa sindical enfatizó que «no concebimos un fallo de esta envergadura, que atenta directamente contra el empleo público, y demandamos con urgencia al Gobierno y al Parlamento que aceleren una reforma profunda al sistema de empleo público, que termine con la precarización y establezca mecanismos que garanticen continuidad y estabilidad laboral para quienes cumplen funciones permanentes», sumando que «No puede haber modernización del Estado mientras subsistan formas de contratación que vulneran los derechos básicos. Es inaceptable que el propio Estado mantenga plantas de un 22,1%, contratas de un 55,6%, honorarios de un 5,6%, y entre otros un 16,7%. Vínculos laborales inestables, reproduciendo desigualdades que niegan el principio del trabajo decente y los convenios ratificados internacionalmente».