En un reciente estudio de Fundación SOL, realizado en conjunto con WIEGO y el Consejo Intersectorial de Trabajadores Informales de Chile, y coordinado por Conatrado, se enfatiza la urgencia de ampliar la protección social para trabajadores/as informales en Chile. El informe releva una cuestión crítica: la precariedad de quienes, a pesar de ser una base considerable de la economía nacional, se encuentran desprotegidos ante enfermedades y accidentes laborales.
Chile cuenta con un seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades laborales, pero como suele suceder con las políticas públicas en materia de seguridad social, este seguro está dirigido fundamentalmente a quienes tienen un empleo formal.
Con 26% de informalidad laboral en el país, muchos trabajadores/as se ven obligados a enfrentar condiciones laborales que carecen de garantías básicas. El empobrecimiento laboral significa que, si estos trabajadores/as se enferman, no cuentan con un sistema de salud que los respalde. No tener acceso a un seguro social implica que cualquier enfermedad puede convertirse en una tragedia personal y económica, ya que no solo afecta su salud, sino que también pone en riesgo su capacidad para generar ingresos para su hogar. Los ingresos inestables son parte de las malas condiciones estructurales de las personas que trabajan bajo esquemas de informalidad en el país.
La seguridad social es un derecho fundamental. Por ello, el estudio explora la posibilidad de establecer un régimen de cotización especial para trabajadores informales, con una implementación que garantice que este sistema sea realmente accesible.
Esta propuesta considera diversas dimensiones:
– Monto de la cotización: Que no exceda el 1% del ingreso mínimo vigente y establecer algunos pagos diferenciados.
– Regularidad: la posibilidad de pagos discontinuos sin estructuras punitivas, que se relacione con la realidad estacional de los ingresos de los trabajadores/as.
– Financiamiento del sistema: complementar el aporte de los trabajadores/as con una estructura de fondo solidario estatal y articular un seguro especial para trabajo informal.
– Cuatro años de vigencia del régimen, en el proyecto de ley se establecen 4 años, pero también el informe propone una evaluación periódica en relación a la realidad de los trabajadores/as.
En un régimen de cotización especial es fundamental el apoyo del Estado. Por los bajos e inestables ingresos que tienen los trabajadores/as informales, es vital establecer garantías para que la cotización para enfermedades y accidentes del trabajo no sean una carga adicional. La implementación de un sistema de monocotización debe verse como un primer paso hacia la inclusión en un sistema de seguridad social más amplio.
No obstante, un sistema como el descrito no debe convertirse en una trampa que eternice la informalidad y mantenga a los trabajadores/as en condiciones precarias. Es imprescindible que todos los trabajadores/as tengan acceso a un sistema que no solo les ofrezca protección, sino que también les permita vivir con dignidad y seguridad. En especial en momentos de alta vulnerabilidad, como en situaciones de enfermedad o accidentes.
Asimismo, la participación activa de los trabajadores/as en la implementación de un nuevo sistema es cardinal. Solo con su voz en la toma de decisiones se puede garantizar que las políticas respondan efectivamente a sus necesidades.
La lucha por la protección social de los trabajadores/as informales es una lucha por la dignidad y la justicia. Resulta imperativo que se implemente un régimen que garantice la cobertura por accidentes y enfermedades, ya que los trabajadores/as no pueden permitirse enfermarse sin enfrentar graves repercusiones individuales y en sus hogares. El camino hacia un futuro más justo y equitativo para todos pasa por reconocer y actuar sobre esta realidad urgente.