Los subsidios estatales a la fuerza de trabajo en zonas extremas existen desde 1975, creados por un decreto ley de la dictadura. Luego, en 2003, pasaron a tener rango legal, y desde el 2013 se exigió a las patronales no tener prácticas antisindicales ni vulnerar derechos laborales, exigencia que se limita a condenas judiciales, pero no a multas de la Dirección del Trabajo (DT). Por ello, a pesar de registrar mil 367 multas entre 2013 y 2023, más de 30 compañías salmoneras continúan recibiendo subsidios por más de $28 mil millones de pesos, reveló una investigación de Fundación Terram publicada en CIPER.
A ninguna de las empresas salmoneras condenadas judicialmente por prácticas antisindicales y vulnerar derechos laborales, se les quitaron los subsidios entre 2013 y 2023, por lo que esa exigencia legal no tuvo ningún efecto práctico. En concreto, el subsidio, aparentemente destinado al pago salarial, en la realidad significa un ahorro sustantivo en los costos de producción para la depredadora industria salmonera.
Las seis empresas salmoneras más beneficiadas en este periodo fueron Aquachile, Invermar, Cermaq, Nova Austral, Salmones Antártica y Salmones Austral, mientras incurrieron en infracciones como incumplir contratos colectivos, no pagar salarios, obligar a mujeres embarazadas a trabajar 7,5 horas de pie sin un lugar de descanso, no otorgar descansos legales o no informar a la mutual accidentes que pueden generar incapacidad para trabajar o la muerte del trabajador, entre las mil 367 multas que cursó la Dirección del Trabajo a las 31 empresas beneficiadas.
Desde que existe la ley, las empresas salmoneras han recibido más de $67 mil millones de pesos para cubrir el 17% de más de dos millones de salarios, de acuerdo a la investigación.
Maximiliano Bazán, periodista de Fundación Terram y autor de la investigación, señaló que «este tema es relevante porque se trata de grandes volúmenes de recursos públicos cuya eficacia debiese ser evaluada por el Estado, algo que no ha ocurrido hasta hoy», y agregó que, «Cabe preguntarse si este tipo de subsidios realmente fomentan la contratación de mano de obra, si acaso son un verdadero incentivo para aumentar el nivel de los salarios o si, por el contrario, solo sirven para reducir los costos de las empresas, particularmente en industrias como la salmonera, con altos niveles de ganancias y que no parecieran necesitar de ayudas del Estado”.
Aunque el proyecto original establecía que desde el año 2005 el porcentaje de bonificación sobre los salarios comenzaría a disminuir paulatinamente hasta terminar el año 2013, esto nunca ocurrió, siendo prorrogado en las mismas condiciones hasta el año 2035.
El estudio indica que 13 empresas salmoneras recibieron los subsidios sin cumplir requisitos legales, por trabajadores que recibían un salario menor al exigido por la ley, por otros que no residían ni trabajaban en la zona objeto del beneficio e incluso por trabajadores que habían fueron despedidos.
El artículo 2° de la Ley 19.853 señala que “constituirá delito de fraude al Fisco y se sancionará con presidio menor, en sus grados medio a máximo, la obtención de la bonificación de que trata este artículo ejecutado a través de la inclusión en planillas de trabajadores inexistentes o con domicilio en otra zona, la falsedad en cuanto al monto de las remuneraciones efectivamente pagadas e imponibles por la empresa”.
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