En medio de la crisis que atraviesa el Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la Región de Antofagasta (Cicitem), el sindicato de trabajadores emitió una declaración pública en la que manifestaron su “absoluto rechazo” a las consecuencias que ha generado la denuncia por presunto fraude al fisco que afecta al exgerente de la institución, Rubén Rojo Maturana.
“El presunto fraude al fisco y la malversación de fondos públicos (…) ha provocado un daño estructural, profundo y aún no dimensionado del todo”, señalaron los trabajadores, cuestionando que, a meses de presentada la denuncia, Rojo aún no ha sido formalizado, mientras ellos enfrentan un escenario laboral incierto.
Entre los efectos inmediatos, los funcionarios denuncian retrasos en el pago de sueldos, suspensión de actividades, exclusión de eventos científicos y estigmatización pública: “Hemos sido injustamente estigmatizados (…) Todo esto ha ocurrido sin que medie una investigación sobre nuestra conducta”, remarcaron.
A esto se suma la decisión del Consejo Regional de extender el financiamiento de Cicitem solo hasta el 31 de julio, con posibilidad de prórroga por cinco meses, pero con una reestructuración interna que implicará reducción de personal. “No se nos ha informado quiénes serán desvinculados ni en qué plazos concretos ocurrirá esta reestructuración”, advirtieron.
Pese al escenario, el equipo ha seguido trabajando con normalidad, presentando propuestas técnicas y reformulando el proyecto de continuidad del centro, incluso frente a sucesivos cambios de lineamientos.
“Trabajar bajo incertidumbre constante es una forma de violencia institucional. Nadie puede planificar su vida familiar, profesional ni económica sin saber si en una semana más tendrá trabajo”, expresaron en el texto.
El sindicato exigió una respuesta clara respecto a:
-La situación laboral a partir del 1 de agosto.
-Los criterios que se utilizarán para la eventual reducción de personal.
-El respaldo frente al daño profesional y reputacional.
-El pago íntegro de finiquitos, en caso de cierre.
Finalmente, los trabajadores recalcaron que no aceptarán ser tratados como culpables por el solo hecho de pertenecer a una institución afectada por “actos individuales”, y confiaron en que la justicia determine las responsabilidades sin recurrir a castigos colectivos.