Una alarmante crisis se produjo al interior de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) tras el despido de 44 trabajadores a nivel nacional -26 de ellos en Magallanes- , debido a una investigación relacionada con viajes al extranjero mientras los empleados se encontraban haciendo uso de licencia médica. De los afectados en la región, 23 pertenecen al Sindicato de Trabajadores, cuyo directorio manifestó su profunda preocupación y denunció un trato desigual hacia la base trabajadora en comparación con los altos mandos.
La presidenta de la organización sindical, Graciela Vásquez, sostuvo que, si bien no justifican el mal uso de los beneficios laborales, “es evidente que en Enap hay trabajadores de primera y segunda categoría”, haciendo alusión a la falta de sanciones similares en casos anteriores que han involucrado a ejecutivos y cifras millonarias.
La dirigente recalcó que, en situaciones previas, también detectadas por la Contraloría -como el caso del edificio corporativo, el Parque Eólico Cabo Negro o la licitación de la imagen corporativa- , no se aplicaron sanciones ni se identificaron responsables. En cambio, ahora se optó por despedir de inmediato a trabajadores sin esclarecer el proceso completo ni transparentar los criterios aplicados.
“¿Dónde está la falta de probidad cuando los informes señalan irregularidades de alto nivel y no hay sancionados?”, cuestionó Vásquez.
La dirigente también se refirió a un accidente vehicular reciente en una faena insular, tras el cual seis socios fueron despedidos por supuesto “incumplimiento grave”. El sindicato denuncia que las condiciones que propiciaron el incidente ya habían sido advertidas: ausencia de supervisión nocturna, desorden operativo y falta de personal tras los despidos masivos de abril de 2024.
“No es posible que la empresa delegue siempre la responsabilidad en los trabajadores, cuando hemos alertado por meses sobre fallas estructurales”, agregó.
Finalmente, el sindicato reiteró su llamado a la transparencia del proceso, exigió que se entregue la lista completa de involucrados -incluyendo ejecutivos si los hubiera- y pidió equidad en la aplicación de sanciones.
“No aceptamos que se perpetúe una lógica de sanción selectiva, en la que siempre pagan los mismos”, concluyó Vásquez.