Este martes 10 de junio, la comunidad educativa del Colegio Virgen de Pompeya fue notificada sobre el cierre del Programa de Integración Escolar (PIE) a partir del año 2026, dejando a 20 profesionales especializados desempleados. La medida fue justificada por razones financieras, y alarmó a docentes, apoderados y el sindicato del establecimiento, quienes denunciaron un atentado contra los derechos de niños y niñas con necesidades educativas adecuadas.
La drástica resolución significa la expulsión de los trabajadores desde febrero del próximo año, afectando directamente al apoyo que reciben cerca de 200 familias para la formación integral de sus hijos. El sindicato del colegio manifestó su rechazo por la falta de anticipación en el anuncio y por una nueva propuesta de trabajo que sobrecarga a los equipos restantes con responsabilidades para las que no tienen formación específica. “Creemos que esta decisión va en contra de los derechos de las y los niños con necesidad educativas especiales”, expresaron a través de un comunicado.
La situación se agrava al considerar que esta decisión se enmarca en un contexto de sobrecarga laboral, estrés y agobio que ya habían reportado a la dirección del colegio. Además, existe inquietud por la posible eliminación de horas de trabajo administrativo destinadas a la coordinación con el PIE, lo que podría generar un escenario aún más complejo para la atención de los estudiantes.
La comunidad educativa también manifestó su preocupación por una oferta de inclusión para el año 2026, dirigida a las familias, totalmente antagónica al comunicado oficial de cierre del PIE, produciendo confusión y lastimando a toda la comunidad. La decisión, tomada sin consulta previa, limitó la posibilidad de los trabajadores de construir un proyecto educativo en conjunto.
En el comunicado los trabajadores indicaron que “lo más grave es que la totalidad de las personas desvinculadas son miembros activos de nuestro Sindicato, y esto ocurre posterior a nuestra negociación colectiva, cerrada hace muy poco tiempo”. En esa negociación se abordó la situación del equipo PIE, acordándose bonificaciones y cláusulas contractuales.
Para los trabajadores, esta acción se trata de una respuesta para debilitar al Sindicato, expulsando a más del 30% de sus miembros. La organización ha exigido la renuncia de los responsables directos de la decisión, lamentando que el derecho a la inclusión esté sujeto a la voluntad de un sostenedor privado que prioriza las ganancias por sobre el bienestar de la comunidad educativa: “los trabajadores de la educación merecemos un trato digno y condiciones laborales que nos permitan ejercer nuestras funciones de la mejor forma y con el compromiso que nuestros estudiantes merecen”, concluyeron en el comunicado.