El portal Resumen.cl del Gran Concepción informó que 57 días de huelga nacional cumplieron los y las trabajadoras de las cuatro corporaciones de asistencia judicial (CAJ) existentes en el país, denunciando el incumplimiento de los compromisos firmados con la Subsecretaría de Justicia durante el segundo semestre de 2023 y que aún no ven su ejecución en materia de homologación de salarios.
En marzo de 2025 nuevamente se movilizaron en la CAJ, debido a la tardanza y bajísima oferta por parte del Ministerio de Justicia para el financiamiento de las corporaciones del país.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, Marcelo Inostroza, explicó las dos dimensiones que justifican el paro: diferencia de sueldos y sobrecarga laboral.
«Por un lado, hay un tema de demanda funcionaria y eso tiene que ver con un protocolo que se firmó en agosto de 2023 con el entonces subsecretario de Justicia, hoy ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Ahí se establecieron avances en lo que tiene que ver con las remuneraciones. Tenemos gente que realiza un trabajo en Punta Arenas, un abogado, por ejemplo, y otro que realiza la misma pega y la misma jornada en Concepción y ganan distinto, con diferencias sustanciales, del 30% o 40%», puntualizó el dirigente. Agregó que, por eso, «iniciamos un proceso de homologación de remuneraciones, que por lo demás tiene sustento legal. Está establecido en la Ley de Bases del Estado, en el artículo 50 de la ley 18.575».
Son alrededor de tres mil las y los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial a nivel nacional. De estos, se partió primero con los estamentos no profesionales, es decir, técnicos, administrativos, secretarios, auxiliares, conductores, etc. Con este mecanismo se beneficiaron aproximadamente seiscientos funcionarios, detalló el dirigente, pero quedaba aun el grueso que son los profesionales. Pese a que el acuerdo incluía que durante 2024 se trabajara en el presupuesto que abordaría una primera fase de esta homologación profesional y este se pondría en marcha en enero del presente año, a la fecha, no hay nada concreto.
«Lo cierto es que recién en marzo, cuando nosotros anunciamos movilización, se hizo una primera oferta del gobierno, que eran 1.200 millones de pesos. Nosotros la rechazamos, porque hay que entender que si para los sueldos de los 700 no profesionales se destinaron $1.000 millones, ahora estamos hablando de más de dos mil trabajadores, por ende, mil millones de pesos es un saludo a la bandera», planteó Inostroza.
Otro gran punto del petitorio de los y las trabajadoras de las corporaciones de asistencia judicial tiene que ver la cantidad de causas que deben tratar al mismo tiempo, en materias, por ejemplo, de representación de las infancias en programas como Mi Abogado, y la Niñez y la Adolescencia se Defienden, donde se superan los 500 casos. Puntualmente en Concepción, el ingreso de casos fluctúa entre los 150 a 200 casos semanales.
En este sentido, Marcelo Inostroza, quien también es presidente de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) -que aglutina a los ocho gremios de las cuatro corporaciones de asistencia judicial del país, afirmó que, «somos el mayor operador de la justicia en Chile, o sea, más que la Fiscalía, más que la Defensoría Penal Pública. Nosotros estamos en todas las materias».
El dirigente detalló que, «representamos el 70% de todos los ingresos a los tribunales de Chile. En materia de familia, incluso el 80%. Además, tenemos el patrocinio exclusivo de la defensa y representación del 100 % los niños vulnerables de Chile».
Inostroza añadió a la lista de funciones la representación de los adultos mayores, en materia penal, de familia, entre otros. «Esto ya llega al absurdo. Tenemos 32 profesionales en todo el país, una dupla por cada región, de un abogado o abogada y trabajador o trabajadora social, que tienen que atender todas las necesidades de ese segmento de la población. Es imposible. Eso ha significado que, por ejemplo, nuestros abogados sean amonestados por tribunales, apercibidos de arresto y se les han impuesto multas, porque no han podido comparecer a audiencia cuando están citados a la misma hora en distintas causas».