El reciente 15 de abril, se registraron despidos masivos en la Clínica Las Condes. Fueron 570 las y los trabajadores echados a la calle como parte de un «plan de racionalización» de la empresa. En un principio, la clínica había señalado que los despidos sólo afectarían a un centenar de empleados. Mentira.
Los despidos equivalen a más de un 20% de la planilla total que tenía el establecimiento sanitario al finalizar el año pasado. Los trabajadores afectados fueron principalmente de áreas administrativas, pero también hubo despidos en las unidades clínicas.
La firma sanitaria dijo que “parte de las medidas de racionalización que exige la situación de la institución, se ha decidido la salida de una parte de nuestros colaboradores“. (Donde dice «colaboradores», en la realidad quiere decir «costo de salarios o gasto en compra de fuerza de trabajo humana»).
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, informó que «Entendemos que ya hay siete denuncias de trabajadores», y agregó que «creemos que es relevante que la clínica transparente cuáles son las razones de este volumen de despido y que dialogue con los representantes del mundo sindical fruto de esta delicada situación».
Por su parte, la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y Afines (Fenassap), emitió una declaración pública por los despidos masivos, precisando que «Es evidente que lo ocurrido durante la pandemia no nos ha dejado lecciones. Hoy, después de haber sido indispensables, volvemos a ser tratados como prescindibles. Y Clínica Las Condes es ejemplo de ello: sigue prestando atención a altos costos, pero con una reducción de personal que afecta casi a la cuarta parte de su dotación total, lo que pone en riesgo tanto la calidad de la atención que reciben los usuarios, como la salud física y mental de los trabajadores, al ejercer funciones al límite de su capacidad».
El texto añade que «Es urgente establecer mecanismos que fortalezcan la responsabilidad social de las empresas, y que el Estado asuma un rol activo en exigir mayores compromisos para proteger el empleo de quienes sostienen, día a día, el sistema de salud en el sector privado».