En enero de 1946 la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) convocó a una concentración pública en la Plaza Bulnes, ubicada frente al palacio de La Moneda, para protestar contra la supresión de la personalidad jurídica de dos sindicatos salitreros en huelga. A pesar de haber sido una manifestación autorizada, a la que asistieron hombres, mujeres y niños, esa tarde hubo más de 95 heridos, 51 de ellos a bala y 6 muertos, entre ellos, la joven obrera Ramona Parra. Se trató de uno de los hechos represivos más cruentos que ha experimentado la ciudad de Santiago. No obstante, la investigación a cargo del fiscal militar Enrique Leyton Garavagno nunca esclareció lo ocurrido ni individualizó a los responsables. Los hechos se rodearon de una atmósfera muy confusa en la que colaboraron los medios de comunicación del gobierno: se habló de choque callejero, de enfrentamiento, de provocación.
Además de Ramona Parra fueron asesinados los obreros Filomeno Chávez, César René Tapia, Manuel López, Adolfo Lisboa y Alejandro Gutiérrez. Algunos manifestantes recibieron entre dos a cuatro balas en el cuerpo, como fue el caso del panificador José Painecura de 23 años. Otros no se explican cómo pudieron salvarse. Así testificó Pedro Guzmán Fierro, albañil del Sindicato de la Compañía de Electricidad: “Delante de mí a poca distancia vi caer a cuatro compañeros y en mis pies rebotó una bala también felizmente sin lesionarme. Mis compañeros cayeron heridos y en seguida ayudé a colocarlos en ambulancias y esto hice con varios más.”
Con el régimen de Gabriel González Videla y su ruptura con los miembros del Partido Comunista se abre un período represivo que se extiende hasta la administración de Carlos Ibáñez del Campo. A este período comprendido entre la década de 1948-1958 Tomás Moulian lo ha llamado Dominación represiva. Por su parte, el politólogo Carlos Huneuus, aporta a la comprensión del período aclarando que si bien es innegable que con la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia -conocida como Ley Maldita- en septiembre de 1948, se agudizó y amplió a gran escala la persecución y represión a los militantes comunistas que afectaron al movimiento laboral en su conjunto, es importante considerar los diversos y recurrentes dispositivos jurídicos represivos que desde 1947 configuraron el Estado policial que caracterizó al gobierno de González Videla.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, empezó en Chile una escalada en el proceso represivo dirigido a neutralizar al movimiento obrero. Tal como ha demostrado para el caso de la minería del carbón la historiadora Jody Pavilack, hacia el fin del período de Juan Antonio Ríos y la administración interina de Alfredo Duhalde la represión sistemática y ofensiva anti sindical fue realizada por el radicalismo y los sectores conservadores, ilustrada, por ejemplo, con la recurrente apelación a los estados de excepción o los recursos de la Ley de Seguridad Interior del Estado; la activa participación de uniformados en política asumiendo cargos ministeriales, como fue la llegada del Vicealmirante Vicente Merino Bielich como Ministro del Interior y del general Manuel Tovarías Arroyo en Obras Públicas en enero de 1946.
Aún más, el radical Alfredo Duhalde cumplió una amenaza que poco antes se había instalado durante la administración de Ríos con el fin de disciplinar el conflicto: suprimir la personalidad jurídica a sindicatos implicados en una huelga ilegal.
Por tanto, nos parece que es fundamental reconstruir y explicar la matanza de la Plaza Bulnes dentro de un encadenamiento de luchas desarrolladas en diversos puntos del país en que la clase obrera sindicalizada fue la fuerza motriz. La manifestación solidaria en protesta por los sucesos en la pampa salitrera que convocó a miles en Santiago tuvo un carácter nacional y se emparenta con la huelga del carbón desarrollada entre el 27 de diciembre de 1945 y el 15 de enero de 1946; con la huelga del salitre que se extendió desde el 17 hasta la primera quincena de febrero; con el paro nacional del 30 de enero, y del 4 al 8 de febrero del mismo año.
Si bien en este movimiento la huelga fue una herramienta poderosa de presión y confrontación que logró detener exitosamente la producción de sectores claves de la economía chilena, los trabajadores echaron mano de diversas formas de lucha con las que intervinieron y se empoderaron en el espacio público y colectivo para transmitir y socializar el descontento. Marchas, mítines o comicios, asambleas, impresión y distribución de panfletos, rayados, pancartas, publicaciones, junto a otras formas de acción directa provenientes de tradiciones de lucha de más larga data, como apedreamiento de vehículos, rompimiento de vitrinas, actos de sabotaje como corte de cables de tranvías y colocación de piedras en líneas férreas; repudio e incluso golpes a los rompehuelgas, juicios populares teatralizados en las quemas del mono, cierre violento de negocios e imponente presencia en los velorios, fueron formas de lucha que conformaron la densa textura de la protesta obrera y que permitieron desarrollar cuestiones simbólicas fundamentales como la afirmación, la cohesión y la ruptura de un orden considerado normal.
Desde el fin del conflicto internacional se van moldeando las características de un nuevo ciclo represivo en Chile, categoría que transparenta los mecanismos coercitivos utilizados por el Estado para neutralizar la disidencia, disciplinar al movimiento obrero e imponer la paz social en la relación capital-trabajo. Pero que también da indicios sobre su contracara, la complejidad de la lucha de clases que permite visibilizar a través de la organización, afirmación e iniciativa colectiva de las minas, fábricas y calles.
Ambas dimensiones -represión y lucha- son los ejes del intenso proceso de protesta obrera acaecido entre enero y febrero de 1946.
* El texto anterior se basa en el estudio de la historiadora Viviana Bravo Vargas llamado «Chile no va hoy a la fábrica: Protesta obrera y represión política en el verano de 1946»