Una investigación que culminó en el año 2022 determinó la colusión de dos grandes empresas de extinción de incendios en Chile. Estas empresas han sido acusadas también en Europa por delitos similares.
En el Estado español, por ejemplo, el gobierno de Valencia está exigiendo 15 años de prisión para Serafín Castellano, político hispano involucrado en el «cartel del fuego» en conjunto con las empresas antes mencionadas. Los delitos también se habrían realizado en Portugal. Los casos de corrupción en torno a la extinción de incendios han sido portada de los medios de Europa.
En Chile, en el año 2022 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada, ambas empresas de aviones cisterna para extinguir incendios forestales y que forman parte del denominado «Cartel del fuego».
El tribunal condenó a ambas empresas por «haber celebrado y ejecutado un acuerdo anticompetitivo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna en el territorio nacional durante las temporadas comprendidas entre los años 2009 y 2015».
Por estos hechos las empresas fueron multadas por un monto que superó los 6 millones de dólares en enero de 2022.
El caso del «Cartel del fuego» muestra los intereses que pueden existir detrás de catástrofes que afectan a miles de personas, mostrando cómo el sufrimiento de miles puede ser rentable para empresas de extinción de incendios que recurren a delitos económicos como la colusión para sacar aún más beneficio.
Construyendo sobre las cenizas
En la región de Valparaíso se identificaron en el último período, al menos tres sectores en las comunas de Valparaíso, Quilpué y San Antonio en los cuales, posterior a incendios forestales en terrenos dentro o aledaños al límite urbano, se desarrollaron proyectos inmobiliarios y/o industriales.
Entre los años 2003 y 2017 se quemó una superficie total de 1.427.000 hectáreas, de las cuales el 61% correspondió a bosque nativo. Según informes de CONAF, entre 2003 y 2018 el 97% de la ocurrencia de incendios forestales se concentró entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, siendo las regiones más críticas la de Valparaíso – hoy protagonista de la catástrofe- , Biobío y La Araucanía.
La tesis investigativa- que se ha difundido por diversos medios, producto de la coyuntura- “Construyendo sobre cenizas ¿Son utilizados los incendios forestales como una herramienta informal para la expansión urbana de Chile central?” -del año 2017-, entre los años 2006 y 2016, se registraron 2.071 incendios forestales intencionales.
“Se identificaron proyectos urbanos e industriales que se construyeron en terrenos afectados por incendios forestales en cuatro sectores del país, ubicados en las comunas de Valparaíso, Quilpué, San Antonio y Puerto Montt. Por lo tanto, en Chile existen antecedentes que pueden relacionar de forma contingente el establecimiento de proyectos urbanísticos y los incendios forestales”- menciona fehacientemente dicha investigación.
En la actualidad, el proyecto de ley que busca prohibir a las inmobiliarias construir sobre suelo siniestrado, se encuentra durmiendo en el Congreso desde hace 4 años.
Sin embargo, hasta el momento, no hay forma de detener este negocio inmobiliario que está matando cientos de personas y destruyendo el suelo.