Casi once años han pasado desde el asesinato del dirigente sindical de la empresa Azeta, Juan Pablo Jiménez, el 21 de febrero de 2013. Lo mataron sicarios cuando los trabajadores iban a presentar una demanda contra la firma por despidos injustificados. A Juan Pablo le quitaron la vida por luchar contra el subcontrato y el trabajo precario, y por denunciar la avaricia y prepotencia patronal.
En un principio quisieron hacer pasar el homicidio de Juan Pablo Jiménez por una bala loca, pero sus allegados conocen la verdad y los responsables. Desde casi once años que este asesinato se mantiene impune y la familia continúa bregando no sólo para que se haga justicia, sino también por las banderas que mantuvo en alto hasta el día de su muerte: poner fin a un régimen laboral que fragmentó todavía más a la clase trabajadora y profundizó las causas estructurales para su disgregación durante la dictadura y los gobiernos civiles, con el propósito de minar la capacidad de organización y sindicalización mediante el subcontrato, el multirut, el trabajo precario.
La memoria de Juan Pablo Jiménez vive en las actuales luchas del pueblo trabajador.