El Colegio de Profesoras y Profesores definió las prioridades 2024 para el gremio tras su asamblea nacional programática, que reunió a 240 dirigentes de todo el país durante dos días.
El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, señaló que “el diagnóstico de la Asamblea, fue duro y unánime respecto a los Servicios Locales de Educación Pública, Sleps, que necesitan cambios de fondo que aborden los nudos que generan la mala gestión, sin querer mantener o regresar a la Municipalización porque ese sistema también está en crisis”.
En ese sentido, la asamblea estableció que los Sleps “cuenten con una Dirección Nacional, que articule un sistema coherente a nivel país, un sistema nacional y no de parcelas aisladas como es hoy en cada servicio local junto a una participación más democrática de las comunidades y con un financiamiento basal”.
Además, otra de las prioridades del magisterio es la educación estandarizada. Aguilar manifestó que “creemos que hace mucho tiempo se está en crisis por la concepción economicista de la educación. Como gremio seguiremos dando la lucha por una educación integral, que verdaderamente dé cuenta de los intereses y necesidades de las nuevas generaciones, no una que sólo se basa en la memorización o de preparación para mano de obra, sino una educación que desarrolle a las personas integralmente”.
Asimismo, la asamblea definió la carrera docente como otro de los puntos prioritarios. “Estamos porque se eliminen estos sistemas de evaluación estandarizados y que se pondere el desarrollo docente de manera muy distinta, no rindiéndole cuenta a una burocracia, sino que, promoviendo un verdadero desarrollo profesional, incentivando el perfeccionamiento, la actualización, la investigación, los estudios, el trabajo en equipo, valorando las responsabilidades y la experiencia”, detalló el dirigente gremial.
Durante la asamblea, también planteó una nueva ley de titularidad, que se promueva un plan de educación no sexista y que el bono de retiro pase a ser permanente.
Por su lado, Aguilar abordó el pago de la mención a las educadoras diferenciales y de párvulos, y la deuda histórica, “ambos compromisos no cumplidos del Gobierno”.