El Senado vota este 24 de enero, el proyecto que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave, o que hayan cumplido determinada edad, 70 años en el caso de los hombre, 65 para las mujeres.
La iniciativa generó una intensa discusión pues las organizaciones de Derechos Humanos han sostenido que beneficiaría a condenados por graves delitos de derechos humanos que “no han mostrado arrepentimiento”. Además, “no distingue entre condenados por delitos tan graves como narcotráfico, homicidios o abusos contra menores”.
Mientras tanto, la extrema derecha empresarial defendió el proyecto de los senadores Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Rodrigo Galilea, Carlos Kuschel y Enrique Van Rysselberghe. Lo que persiguen es que los criminales de la dictadura que purgan sus delitos de lesa humanidad en Punta Peuco salgan libres.
El proyecto “regula el beneficio y modifica el lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad, reemplazándola por la reclusión domiciliaria total, en los casos y condiciones que indica”.
Tras darse por finalizada la primera discusión, se realizó una reunión de comité y se acordó votar el proyecto este miércoles 24 de enero, sin fundamento de los votos.