De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Talca, visibilizada por el periódico digital Resumen.cl, si no hay cambios en la velocidad de entrega de viviendas sociales, el déficit habitacional en todo el país al cierre 2025 sería de alrededor de 750 mil viviendas. El estudio se basó en datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entregados vía Transparencia.
«Crisis habitacional en Chile: Construcción de viviendas sociales sin deuda», se llama la investigación llevada a cabo por el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante, quien determinó que el principal problema consiste en los tiempos de entrega de estas soluciones habitacionales que van de los 5 a 10 años en promedio.
Armando Durán especificó que «Las cifras del ciclo de vida, que es el tiempo en que se conforma un grupo habitacional hasta la entrega de las viviendas, no se ha acelerado y en algunos casos son superiores a los 15 años».
A escala nacional el déficit en 2023 llegó a prácticamente el 51 por ciento. Los casos más dramáticos se concentran en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos, Aysén y Magallanes, donde la falta de viviendas sociales en 2023 superó el 80 por ciento respecto de 2022.
Asimismo, las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), que son los organismos que asesoran a los comités habitacionales, presentan «una desigualdad ostensible en la postulación a los beneficios, enmarcándose principalmente en algunas zonas territoriales y desfavoreciendo a otras», detalló el académico, y agregó que, «Desde el punto de vista de la distribución territorial de las EGIS, sería esperable que el mercado las condujese a las regiones con mayor pobreza. Sin embargo, las consultoras participan desarrollando proyectos donde el ciclo de vida es menor, afectando la competitividad entre regiones y agudizando la crisis habitacional».
Frente a la pobre participación de las inmobiliarias en la edificación de viviendas sociales, el especialista Armando Durán indicó que para las grandes constructoras privadas fabricar habitaciones para los más carenciados «no ofrece rentabilidad».
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los datos obtenidos desde el MINVU, a los que se incorporaron cifras del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio de la misma cartera y entrevistas directas a 35 EGIS y 25 empresas constructoras nacionales.