La Moneda enfrenta un complicado escenario para alcanzar un pacto fiscal, tras un portazo del gran empresariado a la idea de subir los impuestos. Sin embargo, tanto los empresarios como la oposición no siempre han estado en contra de reformar el sistema tributario y, como dijo el exlíder del empresariado Alfonso Swett durante el estallido social, hay “meterse la mano al bolsillo aunque duela”.
El Gobierno ha desplegado toda su fuerza negociadora, tras sufrir –en primer lugar– el rechazo a la idea de legislar la primera versión de la reforma tributaria en la Cámara y después que, ahora, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), gremio patronal liderado por Ricardo Mewes, cerró la puerta a cualquier aumento de impuestos. El tema es que el sector empresarial no siempre estuvo en contra.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que “hace no mucho tiempo escuchábamos una actitud bastante más abierta a los temas tributarios” de parte del sector empresarial. Y es que el propio Mewes dejaba la puerta entreabierta –en marzo de este año– a la posibilidad de aumentar el impuesto a las empresas, a cambio de no avanzar en la discusión del tributo a la riqueza.
Pero el cambio de postura de la CPC no es nuevo. Hay claramente un antes y un después del estallido social. El expresidente de la entidad, Alfonso Swett, en octubre de 2019, aseguraba que desde el gremio de los empresarios existía plena conciencia de que ellos debían ser parte de una solución para la crisis social que afectaba al país.
Un par de años más tarde, en 2021, la idea de meterse la mano al bolsillo seguía vigente en el empresariado. En tal sentido, el entonces presidente de Falabella, Carlo Solari, se mostró a favor de que existiera un acuerdo tributario para superar la crisis económica provocada por la pandemia, aunque aclaró estar en desacuerdo con el proyecto de ley que buscaba crear un impuesto a los “superricos”.
“Es sorprendente el cambio de postura del empresariado, que hace poco estaban abiertos a pagar más impuestos. No hay que olvidar que en plena crisis social teníamos a Andrónico Luksic, a Cecilia Morel, hablando de lo importante de distribuir la riqueza, de compartir los privilegios, y hoy están buscando poner todo eso debajo de la alfombra. Su actitud es irresponsable y le hace un daño tremendo al país”, señaló hace unos días la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans (CS).
La diputada Yeomans, junto con recordar el audio filtrado de la esposa del ex Presidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel, hizo referencia a la “carta abierta” publicada por Luksic, quien también durante el estallido social les exigió a sus pares del gran empresariado que ayudasen a “pagar la cuenta” de Chile e, incluso, se abrió a la posibilidad de un impuesto especial que gravara el patrimonio de los más ricos. No obstante, el año pasado, tras un emplazamiento del diputado Diego Ibáñez, el presidente de Quiñenco reculó al respecto: “No genere falsas expectativas, señor”, le dijo al parlamentario oficialista que calculó cuánto pagaría el poderoso empresario con dicho gravamen.
Eso sí, la postura es disímil al interior de Quiñenco. Francisco Pérez Mackenna, gerente general del conglomerado empresarial, sostuvo en agosto de 2022 –durante una charla organizada por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez– que “a los grandes empresarios muchas veces les conviene que suban los impuestos”, aunque en junio de 2023 matizó sus declaraciones y apuntó a ampliar la base de contribuyentes: “Siempre he pensado que países pequeños como el nuestro, que ya fueron capaces de darse una institucionalidad capaz de generar crecimiento, debieran transformar su estructura tributaria en un arma competitiva en favor de la inversión y del desarrollo humano sostenible”, dijo a La Tercera.
El portazo de la CPC y varios consejeros de la Sofofa a la idea de subir impuestos es un cambio dramático respecto de lo que se hablaba hasta hace unos meses y reflejo de que, envalentonados por la debilidad del Gobierno, saben que tienen la sartén por el mango y el poder para bloquear cambios. La postura de la Sofofa es firme y, al respecto, la presidenta de la asociación de gremios del sector industrial, Rosario Navarro, rechazó tajantemente la idea de subir los impuestos a las empresas y trazó una “línea roja” en este tema.