El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció un proyecto de ley para modificar el método de cálculo de la jornada laboral que permitiría extenderla hasta en un máximo de 52 horas semanales, según él, «para permitir mayor flexibilidad en el mercado de trabajo».
La medida, recomendada por la llamada ‘Mesa de Reactivación Laboral’ establecida por el Ejecutivo, fue cuestionada por la ex candidata a liderar La Moneda, Jeannette Jara, quien además era ministra del Trabajo durante la promulgación de la Ley de las 40 Horas.
La ley fue promulgada en 2023 y reduce gradualmente de 45 a 40 horas la jornada. En su momento, contó con el voto favorable de la mayoría de los partidos en su trámite legislativo, a excepción del ultraderechista Partido Republicano de Kast.
Chile se convirtió en el tercer país de la región, tras Ecuador y Venezuela, en fijar la jornada laboral de cuarenta horas semanales.
El plan de «flexibilidad laboral» del gobierno apunta a que los trabajadores tengan épocas con jornadas más cortas para compensar las temporadas de alta demanda productiva, cuestión que atenta contra el sentido de la norma y además, dada la asimetría estructural entre capital y trabajo, somete a los empleados a las derivas del empleador.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) advirtió el riesgo de la precarización en el panorama laboral.
Asimismo, la megarreforma económica y tributaria de la administración Kast es discutida esta semana en el pleno del Senado, tras su aprobación en la Comisión de Hacienda, y enfrentará sus últimas votaciones antes de convertirse en ley.
La mayoría de los artículos del denominado proyecto de la denominada ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, considerada la iniciativa emblema del Ejecutivo, fueron aprobados solo con los votos del oficialismo.
Movimientos sociales y de trabajadores denuncian que es una megarreforma que sólo beneficia a los ricos.
El núcleo del proyecto es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 % y una antipopular medida que garantiza inviabilidad tributaria a grandes inversiones.
De aprobarse en el Senado, la megarreforma tendrá que sortear una última votación en la Cámara de Diputados.