Un complejo escenario laboral comenzó a configurarse al interior de Minera Centinela, principal activo de Antofagasta Minerals en la región. Las directivas del Sindicato Distrito Centinela y del Sindicato de Trabajadores Minera Esperanza Centinela -de la compañía Antofagasta Minerals, propiedad del grupo Luksic- emitieron una declaración pública conjunta —respaldada por la Federación Minera de Chile (FMC)— en la que manifiestan su total rechazo al despido masivo de 60 trabajadores de la firma, ejecutada formalmente el pasado 8 de julio mediante la aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo, correspondiente a «necesidades de la empresa».
De los empleados echados a la calle 33 son profesionales del rol general de empleados y 27 pertenecientes al estamento de supervisores.
Los trabajadores organizados señalaron que existe una inconsistencia financiera y operativa de la administración. La cuprífera se encuentra ejecutando el megaproyecto Nueva Centinela, que considera una inversión de capital (CapEx) superior a los US$ 4.400 millones para la construcción de una segunda planta concentradora, un nuevo depósito de relaves espesados y la extensión de la vida útil del yacimiento.
Asimismo, los sindicatos alertaron sobre el riesgo de un eventual «dumping laboral» o recambio de personal con fines de optimización de costos de contrata. Las organizaciones plantearon su preocupación de que estas salidas correspondan a una estrategia corporativa para reemplazar a operadores de alta experiencia por nuevos ingresos con bandas salariales y remuneraciones inferiores bajo las mismas funciones.
El conflicto laboral escala en un momento estratégico para las relaciones laborales de Minera Centinela, dado que los despidos se materializan a las puertas del inicio de un nuevo proceso de negociación colectiva reglada, periodo que legalmente activa los fueros sindicales correspondientes. Las asociaciones denunciaron que este movimiento administrativo enrarece el clima laboral e impacta la mesa de diálogo con la alta gerencia.
Frente a esta contingencia, los sindicatos plantearon un petitorio formal a la administración de la minera que incluye:
Transparencia técnica: Exigir que se expliciten los criterios de mercado y productividad aplicados para justificar las bajas operacionales.
Protección al capital humano: Resguardar preferentemente a los trabajadores de mayor antigüedad y abrir mesas técnicas de diálogo antes de ejecutar despidos masivos.
Los representantes de los trabajadores informaron que, junto con agotar los canales institucionales de conversación directa con la compañía, ya se encuentran coordinando las acciones legales y administrativas ante la Inspección del Trabajo y los tribunales laborales competentes para exigir la revisión y eventual nulidad de los despidos aplicados.