Comenzó este jueves 9 de julio la paralización de advertencia de los trabajadores que pertenecen a la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport/CNTP) tras quedar fuera del beneficio de las pensiones de gracia. Son más de 3 mil las personas movilizadas a lo largo del país.
Los movilizados paralizaron sus funciones de las 08:00 a las 12:00 horas desde Arica a Punta Arenas, donde se instalaron al exterior de los puertos manifestando su rechazo a esta medida antisindical. Así ocurrió en el Puerto San Vicente (Talcahuano), en Lirquén (Penco), Coronel, Puerto Montt, Puerto Ventanas (Puchuncaví), entre otros.
La manifestación es una respuesta a la decisión del gobierno de modificar unilateralmente los términos de un acuerdo, que está vigente desde 2012 y cuyo último protocolo fue suscrito durante la administración del presidente Gabriel Boric sobre las pensiones de gracia.
No obstante, el pasado 19 de junio el Ejecutivo informó que dichos beneficios sociales solo serían otorgados a trabajadores pertenecientes a una determinada confederación, “excluyendo arbitrariamente a miles de portuarios que cumplen exactamente los mismos requisitos y que históricamente fueron parte del mismo proceso”.
El coordinador de Comunicaciones Públicas de la Confederación, Gabriel Rebolledo, afirmó que «el 19 de junio, el subsecretario del Interior nos dice que ya no nos corresponde el beneficio, cambiando arbitrariamente las condiciones, beneficiando a una agrupación respecto de otra. Eso atenta contra la libertad sindical y es inconstitucional».
La imposición de la administración Kast es un “mecanismo de discriminación sindical”, ya que “obliga a los sindicatos a incorporarse a una organización determinada si desean que sus socios continúen accediendo a un beneficio que jamás estuvo condicionado a la afiliación a una Confederación específica (…) La utilización de un beneficio estatal para privilegiar a una Confederación sobre otra constituye un acto que afecta gravemente la autonomía sindical, rompe la igualdad ante la ley y genera una discriminación incompatible con un Estado democrático”, indicó Conatraport en una declaración pública.
Los movilizados advierten que, de no existir una rectificación por parte del gobierno, iniciarán acciones nacionales e internacionales, incluyendo denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos vinculados a la certificación de derechos laborales en las cadenas de exportación. Además, no descartaron intensificar las movilizaciones en los puertos donde mantienen representación.