Refiriéndose a la crisis de empleo que atraviesa el país, la investigadora de Fundación SOL, Andrea Sato, señaló que «Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondientes al trimestre marzo-mayo, la tasa de desocupación alcanzó 9,4%, su nivel más alto en cinco años. Pero el desempleo es solo una parte del problema. Si se considera la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo -un indicador que incorpora, además de las personas desempleadas, a quienes trabajan menos horas de las que necesitan y desean, a quienes han dejado de buscar empleo por motivos de desaliento, a la fuerza de trabajo potencial y a personas inactivas disponibles para trabajar-, la cifra se eleva a un alarmante 23%. En otras palabras, cerca de una de cada cuatro personas en edad de trabajar enfrenta problemas de inserción laboral, ya sea porque no encuentra empleo, porque trabaja menos horas de las que requiere o porque ha dejado de buscar trabajo ante la falta de oportunidades. Lejos de tratarse de una fluctuación coyuntural, como insiste el gobierno de turno, estos datos revelan una crisis persistente del empleo, que da cuenta de las limitaciones estructurales del mercado laboral chileno».
En este contexto, Andrea Sato dijo que «el informe elaborado por el Comité de Reactivación Laboral, encabezado por David Bravo e integrado por parte de los representantes de la derecha empresarial, y entregado al ministro del Trabajo, Tomás Rau, busca ofrecer respuestas para enfrentar este escenario. La preocupación es legítima y urgente, en especial para un gobierno que prometió mejorar los indicadores del mercado laboral. Lo discutible, sin embargo, es el diagnóstico desde el cual se construyen muchas de sus propuestas», y añadió que «Una parte importante de las recomendaciones vuelve a instalar una idea conocida para el Chile neoliberal: el problema del empleo radicaría en las rigideces del mercado laboral. De ahí que varias de las medidas apunten a ampliar la «adaptabilidad» de la jornada laboral, fortalecer la polifuncionalidad, revisar el sistema de indemnización por años de servicio y facilitar mecanismos que reduzcan los costos asociados a la contratación y al despido de trabajadores/as».
La investigadora recordó que no se trata de medidas completamente nuevas. Por el contrario, forman parte de un repertorio de reformas que ha acompañado durante décadas el debate laboral chileno. La premisa siempre ha sido similar: si las empresas enfrentan menores restricciones para organizar el trabajo, contratarán más personas y el desempleo disminuirá, «El problema es que la evidencia no parece respaldar esa hipótesis», enfatizó.
La integrante de la Fundación SOL caracterizó el mundo del trabajo en el país «por altos niveles de flexibilidad y una institucionalidad que otorga un amplio margen de maniobra al empleador. La elevada rotación laboral, la persistencia del empleo temporal e informal, que alcanza 27%, la extendida subcontratación y otras formas de externalización, que se elevan al 16%, junto con un sistema de negociación colectiva restringido al nivel de empresa y bajas tasas de sindicalización, que no alcanzan a cubrir el 13% de la fuerza de trabajo, configuran un modelo que ha debilitado sistemáticamente el poder de negociación de las y los trabajadores. En este sentido, el deterioro del mercado laboral difícilmente puede entenderse como un fenómeno meramente «cíclico», como ha señalado el ministro Rau. Por el contrario, responde a rasgos estructurales de un modelo de desarrollo que, durante décadas, ha promovido la flexibilización del trabajo y la fragmentación de la organización sindical como mecanismos para reducir los costos laborales y resguardar los márgenes de rentabilidad del capital».
Sato planteó que «La persistencia del desempleo responde a factores mucho más estructurales: una economía excesivamente concentrada en actividades extractivas y de servicios de baja productividad, una débil política industrial, bajos niveles de inversión, escasa diversificación productiva y un crecimiento económico incapaz de absorber sostenidamente la fuerza de trabajo».
Continuando la crítica del informe Bravo (por el economista David Bravo que la encabezó), Andrea Sato indicó que todas sus recomendaciones «tienen un denominador común: trasladan una mayor proporción del riesgo económico desde las empresas hacia quienes viven de su trabajo» y agregó que «Lo preocupante es que este enfoque termina naturalizando una idea peligrosa: que la competitividad depende de la capacidad de flexibilizar derechos laborales. Sin embargo, las experiencias internacionales muestran algo bastante distinto. Las economías con mayores niveles de productividad e innovación no son necesariamente aquellas donde despedir resulta más barato o donde las jornadas son más adaptables, sino aquellas que combinan inversión pública, desarrollo tecnológico, capacitación permanente, negociación colectiva robusta y sistemas de protección social que reducen la incertidumbre de la clase trabajadora».
La especialista explicó que «Chile necesita crear más empleo, sin duda. Pero necesita, sobre todo, crear mejores empleos. Esa discusión exige pensar una estrategia de desarrollo capaz de diversificar la economía, aumentar la productividad, fortalecer la inversión y ampliar los derechos laborales, no reducirlos» y sumó que «convertir cualquier empleo en sinónimo de bienestar social implica olvidar que no basta con crear puestos de trabajo: también importa su calidad, estabilidad, remuneración y el poder que tienen las y los trabajadores para defender sus derechos. Cuando la respuesta frente a una crisis vuelve a ser flexibilizar las condiciones laborales, en lugar de transformar las bases productivas del país y fortalecer la organización colectiva de quienes producen la riqueza, el riesgo es perpetuar un modelo que administra la precariedad en vez de enfrentar sus causas».