La administración Kast notificó que pretende imponer una «nueva agenda laboral», sintetizada en dos reformas abiertamente atentatorias de los derechos de las clases trabajadoras: cambios al sistema de indemnización por años de servicio, y nuevas fórmulas de flexibilidad para la ley de 40 Horas.
Según el equipo económico del gobierno, armado dogmáticamente por la escuela neoclásica y los intereses del capital, las medidas tienen el propósito de «modernizar el mercado laboral y facilitar la contratación».
Al respecto, a través de Radio Universidad de Chile, el académico en Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, impugnó las reformas, indicando que «Chile debe tener de las legislaciones laborales más flexibles del mundo. No entiendo si esa es la dirección que anuncia el gobierno, qué es mayor flexibilidad laboral”, y agregó que el país presenta muy bajos niveles de sindicalización y negociación colectiva en comparación con economías desarrolladas, debido a lo cual no existe evidencia concreta que justifique intensificar la flexibilidad laboral.
Una de las iniciativas del Ministerio del Trabajo conducido por Tomás Rau, corresponde al denominado ‘sistema de indemnizaciones por años de servicio’ e ‘indemnización a todo evento’.
Sobre el punto, la cartera laboral arguye que las actuales indemnizaciones serían muy altas e intimidarían al capital a la hora de contratar fuerza de trabajo. Pero a la vez, afirma que son muy pocos los trabajadores que la perciben (!).
De acuerdo al especialista en Derecho Laboral, José Luis Ugarte, tras la pretendida reforma del Ejecutivo no se encuentra una finalidad económica, «sino político. Es avanzar hacia un sistema de libre despido. Como eso resulta políticamente impresentable, se plantea a través de la idea de una indemnización a todo evento (…) Lo que busca el gobierno es que los empleadores tengan todo el poder en el lugar de trabajo. Y que entonces el empleador pueda despedir arbitrariamente según lo estime conveniente».
En otras palabras, como ya se habrían cubierto las indemnizaciones, se vuelven prescindibles las actuales causales de despido tipificadas en el Código Laboral, y el empresariado pueda despedir a discreción y sin explicaciones a los empleados.
Igualmente, Ugarte rechazó que exista evidencia rigurosa que relacione una mayor flexibilidad laboral con mejores niveles de empleo, como insiste el oficialismo: «Nadie ha acreditado que la rebaja de derechos laborales tenga como impacto inmediato y mecánico un aumento de la contratación. La competitividad depende mucho más de factores como la educación, la innovación o la tecnología que de los derechos laborales», tal cual ocurre recientemente en Argentina.
Respecto de la posibilidad de introducir mecanismos de anualización de la jornada dentro de la Ley de 40 Horas, Ugarte señaló que la legislación vigente ya contempla espacios de flexibilidad mediante acuerdos entre trabajadores, sindicatos y empleadores.
Por otra parte, la indicación de La Moneda a la Ley de 40 horas, que ya admite un acuerdo mensual de distribución horaria entre empresa y sindicato, busca ampliar y anualizar la norma, cuestión que dañaría el salario de los trabajadores debido a que se perdería una fracción significativa de las horas extraordinarias. De ejecutarse la modificación, la demanda que en el presente se cubre cancelando horas extra, pasaría a convertirse en jornada ordinaria, sin plus remuneracional. Ello permitiría al empleador ahorrar en costos de producción (menos gasto en sueldos) de fuerza de trabajo y empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.