Una contundente coordinación de sociedades científicas, académicas y organizaciones ligadas a la investigación en Chile emitió una carta abierta en la que advierten sobre el riesgo de debilitar la ciencia, la educación y la protección ambiental en medio de recientes señales provenientes de la política pública del gobierno de José Kast. El texto, firmado por más de treinta entidades del mundo académico, plantea que el país enfrenta una mirada “reduccionista” del conocimiento y del rol del Estado, con consecuencias potencialmente graves para el desarrollo futuro.
Bajo el título “Ciencia, conocimiento y medio ambiente: bienes que Chile no puede sacrificar”, la declaración indica que las decisiones recientes en materia presupuestaria y regulatoria reflejan una comprensión parcial del aporte de la investigación científica y de los ecosistemas al bienestar social y económico del país.
“El conocimiento científico no surge espontáneamente ni se sostiene por inercia”, señala el documento, enfatizando que la investigación requiere financiamiento estable, instituciones sólidas y formación especializada de largo plazo. Para las organizaciones, interrumpir esas cadenas de desarrollo no constituye simplemente una medida de eficiencia presupuestaria, sino una decisión con efectos estructurales sobre la capacidad futura del país.
La declaración critica la lógica economicista aplicada a la investigación y la innovación. Según su contenido, reducir el valor de la academia a la cantidad de empleos directos o beneficios económicos inmediatos implica desconocer la función que cumplen las publicaciones, centros de estudio y proyectos científicos en la generación de capacidades estratégicas.
Al respecto, el documento subraya que detrás de avances que hoy parecen naturales —desde tratamientos médicos hasta tecnologías agrícolas o sistemas de manejo hídrico— existen décadas de trabajo acumulado, inversión pública y construcción de capacidades humanas. La advertencia apunta a que desmontar esas estructuras puede generar consecuencias irreversibles en un país especialmente vulnerable a crisis ambientales y económicas.
Uno de los ejes de la carta es la defensa del vínculo entre ciencia y protección ambiental. Las organizaciones sostienen que la evidencia científica ha permitido comprender el valor estratégico de ecosistemas históricamente subestimados, como los humedales, cuya importancia para la regulación hídrica, la biodiversidad y la mitigación de desastres naturales hoy resulta ampliamente reconocida.
En distintos territorios del país, comunidades científicas y organizaciones ambientales han alertado sobre los efectos de políticas orientadas prioritariamente al crecimiento económico de corto plazo sin considerar impactos ecológicos de largo alcance.
Las agrupaciones firmantes incluyen sociedades de microbiología, astronomía, genética, física, neurociencia, ecología, matemática, arqueología y ciencias del mar, entre muchas otras. La amplitud de áreas representadas da cuenta de una preocupación transversal que excede a disciplinas particulares y busca instalar una discusión más amplia sobre el sistema de desarrollo.
La declaración llama a que cualquier revisión normativa o presupuestaria relacionada con ciencia, educación o medio ambiente sea realizada mediante procesos transparentes y con participación de comunidades académicas y organismos técnicos especializados.