El recorte parejo del 3% al gasto público impuesto por el gobierno de José Antonio Kast a todas las dependencias del Estado, llegó al sistema judicial. Para el Poder Judicial y sus funcionarios agremiados, la medida de La Moneda profundiza un problema estructural: más exigencias legales, más carga de trabajo y menos recursos para responder.
Para la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, el ajuste no es técnico, sino que se suma a una tendencia de años en que el sistema de justicia ha debido absorber nuevas funciones —más de 80 leyes en la última década— sin recursos adecuados, que lo tensiona al límite, con efectos directos en los tiempos de respuesta, calidad del servicio y, sobre todo, acceso de las personas a la justicia.
Hernández indicó que «Los tribunales hoy están en una situación que urge inyección de recursos, las exigencias legales no fueron de la mano con el financiamiento para su implementación, lo que se traduce en tribunales colapsado cuya respuesta a la ciudadanía está llegando de manera tardía, agudizando aún más la crisis en aquellas materias, como laboral, civil y familia que tienen fallas estructurales.
Y concretamente se traduce en retrasos, suspensiones, acumulación de causas, sobrecarga de trabajo para jueces y funcionarios, y una creciente tensión en el funcionamiento diario de los tribunales», y sumó que «Si este recorte responde a una decisión política, ¿Qué tipo de señal cree que está dando el Estado respecto de la prioridad que le asigna al sistema de justicia dentro de sus políticas públicas?».
La dirigenta gremial agregó que «cada nueva ley no solo incorpora nuevos procedimientos, aumentando facultades o incorporando nuevas materias, como ocurrió en el caso de la ley que “estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género”, sino que traslada ciertas materias a los tribunales de garantía. Sin embargo, al no haber tenido financiamiento, decisiones que se pueden adoptar, no tendrían las herramientas para hacerlas cumplir, por ejemplo incumplimiento de los alimentos provisorios, los tribunales de garantía no tienen unidades de liquidación. El problema es que muchas veces estas reformas se aprueban sin considerar el impacto operativo que producirán en los tribunales. Entonces, la carga se acumula sobre una estructura que ya venía exigida. Esto genera agendas más saturadas, retrasos en la tramitación, dificultades para absorber materias emergentes y, finalmente, una extensión de los tiempos de respuesta. No se trata de una crítica al contenido de las leyes en sí mismas, sino a la ausencia de una política de implementación. Legislar sin financiamiento termina trasladando el costo de la decisión al sistema judicial y, lo más complejo es que son los usuarios quienes se ven más afectados».
Hernández criticó la política presupuestaria gubernamental, precisando que «Cuando se sostiene que un recorte de esta naturaleza no tendrá impacto, se invisibiliza su efecto concreto en la gestión diaria de los tribunales, puesto que la rebaja del 3% afecta directamente en la dotación de tribunales, lo que significa que ya, con agendas sobrecargadas, al no tener jueces que asuman esa cargas, finalmente se traduce en dilatar aún más los procesos, lo que genera un riesgo cierto de afectar el acceso a la justicia, toda vez que las respuestas llegan tarde, las audiencias se retrasan, no existe capacidad suficiente para absorber la demanda entre otros problemas».