La 113ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá por primera vez, entre el 2 y el 13 de junio de este año, un tema clave para el presente y el futuro del trabajo: cómo garantizar derechos laborales en la llamada economía de plataformas.
Esta problemática internacional y local, por fin, llega a la ONU tras años de reclamos del movimiento sindical global, encabezado por la Confederación Sindical Internacional CSI, que impulsa la adopción de un nuevo Convenio y una Recomendación para proteger a las y los trabajadores de plataformas digitales.
¿Qué es el trabajo en plataformas?
Bajo esta denominación se agrupan todas las formas de trabajo mediadas por aplicaciones digitales, que conectan a quien presta un servicio con quien lo demanda, a través de un algoritmo. Esto incluye desde quienes manejan vehículos (como los conductores de Uber o DiDi), realizan entregas (como repartidores de Rappi o PedidosYa), ofrecen tareas domésticas o de cuidado mediante apps, hasta quienes realizan trabajos por encargo desde plataformas digitales globales.
Se trata de una forma de empleo que crece rápidamente: según la propia OIT, se estima que la economía de plataformas experimentará un crecimiento exponencial en los próximos años, profundizando su alcance en múltiples sectores, desde la logística hasta los servicios profesionales.
Este fenómeno, impulsado por la transformación tecnológica, plantea nuevos problemas jurídicos y regulatorios. Aunque se utilicen herramientas digitales, en la inmensa mayoría de los casos se trata de relaciones laborales enmascaradas, donde existe subordinación, dependencia y control —aunque disfrazadas por el diseño algorítmico.
Una encuesta global que marca tendencia
Como parte del procedimiento normativo de la OIT, se realizó una consulta mundial tripartita. El informe que se debatirá en la Conferencia presenta las respuestas recibidas por la Oficina Internacional del Trabajo:
- 141 respuestas gubernamentales,
- 195 de organizaciones de trabajadores, y
- 116 de organizaciones de empleadores.
La posición del sindicalismo internacional
La CSI indicó que no se trata de crear una nueva categoría de trabajadores, sino de garantizar que toda persona que trabaja tenga derechos, sin importar si lo hace mediante una aplicación o en una oficina. “Trabajo es trabajo”, señala la campaña de la CSI.
La Confederación Sindical de las Américas CSA acaba de celebrar en Montevideo, Uruguay, su reunión preparatoria regional para la CIT, en la que participó la especialista en trabajo en plataformas Mónica Tempfer, del Departamento Legal de la central sindical internacional. La CSA será responsable de coordinar la actuación de sus organizaciones afiliadas en la Comisión, en articulación directa con la CSI, estableciendo una posición fuerte y unificada del sindicalismo de las Américas frente a los empleadores y gobiernos.
La demanda conjunta del sindicalismo global es clara: se necesita un marco normativo internacional vinculante que incluya:
- Un Convenio que garantice derechos fundamentales.
- Una Recomendación con directrices para políticas públicas adaptadas.
Esta demanda es parte de la campaña global “Por una Democracia que Responda”, que sostiene que los derechos laborales son la base de una democracia real.
¿Qué se va a debatir y cómo funciona la OIT?
El debate sobre la economía de plataformas fue incluido como punto normativo del orden del día de la Conferencia y será abordado en dos sesiones consecutivas de la Conferencia Internacional del Trabajo: en 2025 se discutirán las conclusiones preliminares y se elaborará un primer borrador del texto normativo, mientras que en 2026 se buscará la adopción definitiva de un nuevo Convenio y una posible Recomendación.
Para que un Convenio internacional sea aprobado, se requiere una mayoría de dos tercios de los votos válidamente emitidos en la segunda discusión. Es decir, se necesita un respaldo amplio y no basta con una mayoría simple. Las abstenciones no se cuentan, por lo que la decisión exige una clara definición de las partes.
Lo que ocurra en la sala de la Comisión —y luego en el plenario de la Conferencia— no será un trámite técnico. Será una disputa de poder en clave global, donde se juega si los derechos laborales avanzan al ritmo de las transformaciones tecnológicas, o si el mercado digital sigue funcionando sin reglas, sin justicia y sin derechos, como hasta ahora.