Mientras la llamada reforma de pensiones vive sus últimos trámites en el Congreso, un diario digital que representa los intereses de la ultraderecha empresarial publicó los resultados del Departamento de Estudios del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), entidad financiera propiedad del grupo económico Yarur, donde se afirma que «sin cambios estructurales, el retorno a los niveles pre-pandemia tardaría dos décadas, afectando gravemente la inversión privada». O sea, afectando las ganancias privadas del gran empresariado.
El estudio señala que «Los retiros de fondos de pensiones entre 2020 y 2021 totalizaron cerca de US$ 50.000 millones, equivalentes al 19,8% del PIB, generando una importante caída en la profundidad del mercado de capitales. Esto provocó un aumento estructural en las tasas de interés, encareciendo el financiamiento para nuevas inversiones» y añade que, «el economista Sergio Lehmann, advierte que, sin una reforma que incremente la cotización individual, la recuperación de los activos administrados por el sistema a los niveles de 2019 no se lograría antes de 20 años, lo que seguirá afectando el crecimiento de la inversión privada».
El documento asegura que aumentar la cotización de 10% a 16%, administrado bajo un sistema de capitalización individual (las AFP), «permitiría alcanzar niveles similares a los de economías avanzadas en 2030, con activos equivalentes al 126% del PIB».
Según la investigación del cuarto banco más poderoso del país, lo anterior «impulsaría la profundidad del mercado de capitales, mejorando la liquidez y reduciendo las tasas de interés, lo que incentivaría un crecimiento promedio anual de la inversión del 5%», y que «En el mejor escenario, donde el 6% de cotización adicional va hacia un fondo de administración, la tasa de inversión privada sobre PIB sube 6% de forma gradual en las próximas dos décadas, elevando el crecimiento promedio anual de la inversión hacia cerca de 5%». Naturalmente, la investigación no menciona nada respecto de la distribución social de las ganancias proyectadas. Esto es, no le interesa qué impacto tendrá la intensificación del modelo de capitalización individual (AFP) contra los derechos de las grandes mayorías.
El informe concluye que «la reforma es clave para revitalizar el desarrollo financiero del país». Donde dice «país», debiera decir grandes corporaciones empresariales.
La lógica patronal anterior, totalmente contraria a los derechos de la clase trabajadora, revela que, desde los intereses lucrativos de la ultraderecha empresarial, reclama que el 6 % adicional pase íntegramente a las AFP, toda vez que los fondos acumulados por los cotizantes operan con el propósito de obtener un enorme pozo de liquidez para beneficio del gran capital, en desmedro de las clases trabajadoras. Para este sector retrógrado y antisocial, la «reforma de pensiones» es una oportunidad más para engrosar sus utilidades. Desde el punto de vista de la elite más reaccionaria y minoritaria socialmente del país, la reforma debe fortalecer aún más un sistema creado durante la dictadura pinochetista, basado en la transferencia de parte del salario de las y los trabajadores a los bolsillos patronales. Total, las pensiones las paga el Estado y nunca las AFP.