Este 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia Machista. Por su parte, el informe de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres 2024, editado por Kathalina Cipitria e Isadora Castillo, sintetiza algunos de los fenómenos más graves cometidos por el patriarcado en el país, conforme a los datos existentes.
Durante 2023, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registró 51 femicidios, mientras que SernamEG consignó 43 femicidios. Pese a que la Ley Gabriela amplió el concepto legal, no se ha traducido en un accionar más eficiente por parte del Estado para identificar y sancionar estos crímenes.
• Según información de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2023 se registraron 134.116 casos policiales por violencia intrafamiliar: 8 de cada 10 denuncias fueron ingresadas por mujeres y 8 de cada 10 agresores identificados son hombres.
• Para el mismo período, se registran 51 agresiones sexuales al día, con una agresión cada 28 minutos. Estas afectan de manera desproporcionada a mujeres y
niñas (son el 86% de las víctimas), siendo principalmente cometidas por hombres (un 95% de los agresores).
• Para muchas mujeres y niñas sigue siendo complejo compartir el abuso vivido incluso en sus entornos cercanos, según indica un estudio de casos recientemente publicado por Corporación Miles (2024). La principal desmotivación es el temor a ser cuestionadas o rechazadas.
• A nivel institucional, en 2020, el Ministerio Público indicó que la mayoría de los procesos judiciales asociados a delitos sexuales no llegaron a término: apenas un 26% de las causas tuvo salida judicial y sólo un 7% lo hizo con una condena para el agresor.
• De las mujeres víctimas, se estima que 9 de cada 20 son niñas y adolescentes menores de 18 años. Estas alarmantes cifras develan una realidad poco comprendida sobre el Abuso Sexual Infantil (ASI): en 2023, al menos en un 83% de los casos policiales que afectaron a menores de 14 años las víctimas fueron niñas.
• Una situación similar ocurre con el delito de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA): según informa Actuar es Urgente, el año 2023 se identificó a 1.231 víctimas de este delito, de las cuales un 86% son mujeres y 14% son hombres.
• El mismo informe señala que los lugares de mayor vulnerabilidad de ESNNA son las residencias de protección del Estado. La principal causa por la que niñas y adolescentes terminan bajo la tutela del Estado es haber sido víctima de agresiones sexuales, mas las instituciones no cuentan con mecanismos apropiados para la reparación y el acceso a la justicia.
• Sobre derechos sexuales y reproductivos, la Ley que regula la interrupción del embarazo en tres causales aún presenta barreras para su acceso, principalmente
por la objeción de conciencia.
• La causal de violación es la que presenta mayores complicaciones, pues en 11 de los 29 establecimientos que conforman la red de hospitales públicos, más de la mitad de las y los profesionales son objetores por esta causal.
• En 2022, Corporación Humanas identificó cuatro localidades donde era imposible el acceso al aborto en caso de violación: Cauquenes y Constitución en la región del Maule, y Pitrufquén y Lautaro en la Araucanía.
• Al indagar sobre los motivos para declararse objetor de conciencia, Corporación Miles (2024) señala que son preponderantes las nociones machistas que culpan a mujeres y niñas, así como los cuestionamientos a la veracidad de sus relatos. También se minimiza la gravedad de las agresiones sexuales y su impacto en la vida de mujeres y niñas, al considerar que un embarazo producto de una violación es “sano” y puede llegar a término.
• El mismo estudio indica que el personal que sí realiza procedimientos de interrupción del embarazo es susceptible a discriminaciones y hostigamiento por parte de sus colegas objetores.
• Pese a estas barreras, según el monitoreo de la Encuesta Nacional de Opinión Pública CEP, desde 2017 a la fecha se ha promovido la despenalización social del aborto.
• En el último trimestre de 2023 se registró una alza de la participación de las mujeres en el mercado asalariado, alcanzando niveles similares al contexto pre pandemia (52,6%). No obstante, persiste una tasa de desempleo del 9,1%.
• Estudios recientes señalan que el trabajo asalariado de las mujeres sigue marcado por la informalidad e inestabilidad, con bajas proyecciones de ingresos y ausencia de protección social. La necesidad de compatibilizar labores remuneradas con trabajo doméstico y de cuidado es la principal causa de ello. En definitiva, la mayoría de las mujeres son pobres en términos de tiempo e ingresos.
• La tasa de desempleo femenino varía dependiendo de los ingresos: en los tres primeros quintiles es de un 26,5%, mientras que en el quintil más alto es del 3%.
Esto se debe a que las mujeres con más recursos económicos tienen la posibilidad de “desfamiliarizar” las labores domésticas y de cuidado (al pagar una trabajadora de casa particular o una cuidadora, por ejemplo).
• El encarcelamiento femenino es una expresión extrema de los efectos de la pobreza de tiempo e ingresos: la mayoría de las mujeres están privadas de liberta por delitos asociados al microtráfico de drogas. Para mujeres jefas de hogar, es la única opción ante la incompatibilidad de su doble rol como proveedoras y cuidadoras del hogar. Se debe considerar que para 2023, el 82,2% de las mujeres son madres y sólo un 16% contaba con un trabajo remunerado antes de ingresar al sistema penitenciario.