La Asociación de Profesionales del Instituto de Salud Pública de Chile (APRUS), manifiesta su absoluto rechazo a la modificación de criterio de la Contraloría General de la República en relación al principio de confianza legítima, dado a conocer en el dictamen publicado el pasado miércoles 6 de noviembre por el ente de control y que lleva la rúbrica de la nueva contralora, funcionaria confirmada recientemente por el Poder Legislativo y candidata del Gobierno, Dorothy Pérez Gutiérrez.
La nueva política expresada por la Contralora resulta gravísima, toda vez que en la práctica deroga la jurisprudencia administrativa por la cual el mismo organismo de control asentaba el principio de confianza legítima como un instrumento de defensa de las y los empleados públicos a contrata, que cada año quedan expuestos a ser despedidos arbitrariamente.
Con el nuevo dictamen el principio de confianza legítima no puede invocarse recurriendo a la Contraloría al momento de defenderse, y obliga a las y los trabajadores del Estado a litigar su situación directamente en los Tribunales de Justicia, acción onerosa y burocrática que busca multiplicar los despidos.
La APRUS, al igual que la ANEF y el conjunto de organizaciones gremiales que representan los intereses y derechos de los trabajadores públicos, considera que la medida es un retroceso en materias de derecho a la estabilidad laboral, y deja una vez más a discreción de las autoridades políticas de turno la continuidad del empleo, obstaculizando violentamente el avance y futura consolidación del trabajo decente en el Estado. Por nuestras socias y socios, como por el bien de los servicios que desarrollamos para toda la comunidad nacional, no permitiremos la ejecución de un dictamen anti-laboral y anti-social.
Se debe entender que la estabilidad en el empleo público también se fundamenta en detener los despidos arbitrarios de las autoridades de turno, y por tanto es una protección ante el abuso de poder de las mismas. El dictamen en cuestión resulta una pésima señal de la contralora y la APRUS estima que esta medida constituye un abandono flagrante de sus deberes, por lo que se espera que el conjunto de las asociaciones a nivel nacional tomen medidas legales al respecto.
De este modo, la APRUS acoge y adhiere a los llamados de la ANEF en orden a declararnos en estado de alerta y férreamente unidos ante una nueva ofensiva que persigue destruir derechos laborales ya conquistados.
Directiva de la Asociación de Profesionales del Instituto de Salud Pública, APRUS-Chile