El viernes pasado, dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, protestaron frente a la Contraloría General de la República (CGR), rechazando el reciente dictamen que modifica la interpretación del principio de confianza legítima. Según los dirigentes, esta medida representa un grave retroceso en la protección de los trabajadores públicos ante despidos arbitrarios.
La resolución, emitida por la contralora Dorothy Pérez, establece que las controversias sobre la aplicación de la confianza legítima deberán resolverse en los Tribunales de Justicia. Para la Agrupación y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), esto precariza las condiciones laborales en el sector público, al eliminar una herramienta administrativa clave que protegía a funcionarios contratados bajo modalidades temporales.
En la multitudinaria manifestación, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, advirtió sobre la gravedad de la situación: “Estamos en estado de alerta. Esto es el inicio de varias movilizaciones. Si esto no se revierte esta medida, estamos disponibles para avanzar a una huelga general”.
Pérez señaló que la decisión de la Contraloría afecta principalmente a los trabajadores a honorarios y a contrata, quienes ya enfrentan una alta inestabilidad laboral. “Hoy la Contralora nos dice ‘vayan a la justicia’, pero los Tribunales tardan años en fallar. Mientras tanto, seguimos expuestos a despidos arbitrarios”, añadió.
Tanto la ANEF como la CUT calificaron el dictamen como un ataque directo a los trabajadores del Estado. Ambas organizaciones exigen que la CGR revierta la medida y garantice la estabilidad laboral como parte de su mandato fiscalizador.