La Asociación Nacional de Funcionarios Públicos, ANEF, ha rechazado los nuevos criterios con los que ha llegado a la Contraloría General de la República, CGR, la nueva contralora -puesta en ese cargo por decisión transversal del sistema de partidos políticos vigentes-, Dorothy Pérez Gutiérrez, debido a que informó que a partir de ahora la CGR se abstendrá de emitir pronunciamiento en caso de despidos de contratas en el sector público.
Por ello, la Federación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio del Interior, parte de la ANEF, difundió una declaración pública, cuyos fragmentos fundamentales se reproducen abajo.
Recordemos que, a partir del año 2016, la CGR liderada por el ex Contralor Jorge Bermúdez Soto, instauró el criterio de «Confianza Legítima» para disminuir la discrecionalidad de los Jefes de Servicio en el Estado, al momento de despedir funcionarios.
Esta construcción vino a resolver un problema de gestión pública que se estaba volviendo insostenible para el Estado, por una parte, los despidos injustificados del personal y, por otro, la creciente judicialización del problema con los costos de todo tipo que ello acarreaba.
La confianza legítima, impulsada por la CGR se fortaleció durante 8 años, al punto que los Tribunales de Justicia comenzaron a incorporarlo en sus fallos, con diferencia en la consideración del tiempo requerido para estar en la contrata. Para la CGR bastaban dos renovaciones de la contrata, mientras que para los Tribunales en los últimos fallos se requieren cinco años.
Lo que hizo ayer la nueva Contralora es totalmente impresentable, dado que renuncia a sus propias facultades mediante la «leguleyada» de sostener que, dado que el problema de los despidos en el sector público devino en litigioso, su propia normativa interna no le permitía intervenir.
El argumento es francamente deplorable, ya que la instauración del criterio de Confianza Legítima, se hizo precisamente por la creciente litigiosidad de los despidos. Estableciéndose en la práctica una interpretación restringida al concepto de litigiosidad. El absurdo al que se puede llegar a través del actual pronunciamiento de la CGR es que casi no podría hacer nada, ya que hasta la tramitación de un reglamento podría devenir en litigiosa, lo cual es derechamente absurdo.
La Contralora Pérez le endosó el problema de los despidos del sector público al Poder Judicial, lo que tiene un alto riesgo, ya que los cambios que se puedan experimentar al interior del mismo pueden terminar con la doctrina de la Confianza Legítma finalmente, volviendo los funcionarios públicos a la situación que teníamos hace ocho años atrás, perfeccionándose así el despojo iniciado por la Contralora.
La Contralora Pérez mediante este pronunciamiento se ha convertido en una enemiga de los trabajadores y sus organizaciones. No podemos mantenernos impasibles ante este mal trato.
Deben explorarse ordenadamente todas las posibilidades jurídicas y político sindicales para resolver el problema. Por lo pronto, ANEF debe acordar con el actual Gobierno, el ingreso de un proyecto de Ley que modifique el Estatuto Administrativo, incorporando el criterio de Confianza Legítima en la contrata, para resolver el problema y no estar expuestos a extraños cambios de doctrina por parte de la CGR o del Poder Judicial.
Llamamos en definitiva a ANEF para que lidere la respuesta de los trabajadores y trabajadoras ante esta virtual agresión por parte de la Contralora Pérez. Al mismo tiempo, convocamos a todas nuestras organizaciones afiliadas a emprender una decidida movilización, que active al Gobierno en la búsqueda de solución a este inusitado problema.