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Chile. Cómo fue que se salvó el negocio de las Isapres: las empresas privadas pagarán deuda millonaria a sus afiliados en 13 largos años

El Congreso aprobó la semana pasada una ley para rescatar a las Instituciones de Salud Previsional, Isapres, las aseguradoras de salud privada, a la que pertenece un 17% de la población y que fueron creadas en plena dictadura civil y militar, en 1981.

La Corte Suprema, a través de un fallo dictado en 2022, obligó a las Isapres a ajustar el precio de sus planes y devolver millones de dólares por cobros en exceso a sus afiliados, dejándolas al borde del colapso financiero. Luego de un año de discusiones parlamentarias, el conjunto del sistema político, salvo excepciones, salvaron el negocio.

El Senado aprobó la llamada ley corta de Isapres propuesta por la comisión mixta con 39 votos, tres rechazos y dos abstenciones. En la Cámara de Diputados se despachó la ley por 122 votos a favor y 14 en contra, y 10 abstenciones. 

Las Isapres cuentan con 3,3 millones de afiliados, el 17% de la gente con mayores ingresos, mientras que en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cotiza cerca del 80% de la población, unas 15 millones de personas. Las cotizaciones son obligatorias, de mínimo el 7% mensual de los salarios, y la calidad de la cobertura depende de los precios de los planes.

En noviembre de 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema ordenó a las Isapres devolver a sus afiliados en forma retroactiva cobros en exceso que, después de varios cálculos, han sido estimados en unos 1,5 millones de dólares. Muchos ciudadanos recurrieron a la justicia y el fallo determinó que las Isapres no podían aplicar la tabla de factores -el instrumento para fijar los precios de los planes de salud por factores de riesgo-, por sexo y edad. Para terminar con dichas discriminaciones, el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) envió una circular administrativa en abril de 2020 a la Superintendencia de Salud en los que se establecía que los planes de salud debían aplicar la Tabla Única de Factores. Las Isapres acataron la orden con quienes se afiliaron desde abril en 2020, pero mantuvo las reglas anteriores para sus antiguos afiliados. Pero la Suprema se refería a todos los cotizantes por lo que ordenó recalcular el precio de los planes de salud y devolver cobros en exceso a sus afiliados.

Las Isapres deben restituir unos 1.500 millones de dólares, lo que representa tres veces el patrimonio de las aseguradoras de salud, según la estimación de la Superintendencia de Salud, el órgano fiscalizador estatal responsable de buscar una fórmula para aplicar el fallo de la Suprema. La cifra puso en jaque al sistema privado y la crisis rebotó al campo político. 

El debate legislativo del proyecto presentado por el Ejecutivo ha tardado un año y ha estado marcado por los desacuerdos entre oficialismo y oposición. Tras una batería de enmiendas aplicadas, finalmente el Congreso aprobó un proyecto donde las Isapres, entre otros aspectos, ahora puede aplicar un alza extraordinaria a toda su cartera de afiliados durante los próximos tres años, lo que les permitirá paliar parte del déficit generado. El alza no puede ser más del 10% de lo que se pagó por el plan en 2023.

Las Isapres podrán pagar la deuda en un plazo máximo de 13 años a los afiliados menores de 65 años. A las personas entre 65 y 80 años el tiempo es cinco años y para los mayores de 80, dos años. También existe la opción pronto pago, en el que el pago es inmediato al afectado, pero del 35% de la deuda. Ahora las aseguradoras deberán presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes, que debe incluir el número de afectados, los montos a devolver a cada uno, el plazo de devolución, las modalidades de restitución y los antecedentes que respalden el cómo se llegó a la cifra. Las Isapres no podrán retirar utilidades mientras exista la deuda.

Los sectores más progresistas del sistema político no estaban de acuerdo con que los afiliados perjudicados por las Isapres sean los que paguen el error y que a ningún chileno se le dan 13 años para pagar una deuda. Por ejemplo, el diputado Raúl Soto señaló que “No estoy disponible para un salvataje a las Isapres que sea a costa de las personas”. Mientras que Juan Luis Castro, que se abstuvo, dijo que esta ley impedía reformar profundamente el sistema de salud.

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