Un éxito resultó el Paro Nacional Activo convocado por diversas agrupaciones sociales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, CUT, funcionarios públicos, estudiantes, pobladores, docentes y empleados y empleadas de los más diversos rubros y ramas económicas del país.
Lo siguiente son los puntos que la movilización exigió al actual Gobierno para quebrar «el embate político y el bloqueo empresarial», que impiden la realización de las reivindicaciones más urgentes del movimiento popular y social del país.
1.- Lo más importante para la gran mayoría de chilenos es tener un salario que alcance para llegar al final del mes. Llevamos años hablando de un salario mínimo, del salario ético y por sobre la línea de pobreza, pero la brecha entre la definición y la implementación tarda casi 10 años. Hoy, un salario por sobre la línea de pobreza está en $630.000 líquidos.
2.- Demandamos dar prioridad a una política de generación de empleo, donde se impulse un robusto plan de formación y capacitación, dirigido particularmente a mujeres y a quienes buscan empleo por primera vez, que se desburocratice la inversión pública, enfocado en infraestructura vial a través del Ministerio de Obras Públicas y, por sobre todo, demandamos al Gobierno a investigar y denunciar a las grandes empresas que optan por distribuir las utilidades entre sus accionistas para no reinvertir en producción y lo mismo con las grandes empresas que utilizan la depreciación acelerada sobre los activos fijos para disminuir impuestos y no para generar empleo. Una política que saque a los trabajadores de la creciente informalidad sin seguridad social.
3.- El Gobierno del presidente Boric debe volver al contenido inicial de las dos grandes reformas de su programa, desfiguradas por el chantaje político de la derecha y la falta de unidad del oficialismo. A los chilenos les urge una Reforma Tributaria que de verdad haga justicia y permita resolver las grandes desigualdades que seguimos viviendo; y una reforma al sistema de pensiones que garantice una jubilación digna para la vejez, que cree una institución pública, que termine con las desigualdades que son víctimas las mujeres y termine con los abusos del sistema de AFP.
4.- La Negociación Colectiva es un mecanismo de distribución de la riqueza, demandamos al Gobierno enviar a la brevedad un proyecto de Ley que la fortalezca en los marcos de las recomendaciones las internacionales. Fortalecer la negociación colectiva implica ampliar los espacios de negociación, dando paso a la negociación ramal, dando paso a la negociación obligatoria para Confederaciones y Federaciones. Incorporar en esa propuesta la eliminación del despido por necesidad de la empresa, asegurar la indemnización por años de servicio a todo evento y por los años trabajados, un sistema nacional de cuidados y las consideraciones de género en los lugares de trabajo.
5.- Las trabajadoras y trabajadores del Sector Público reconocen que en estos 2 años hemos alcanzado acuerdos en nuestros procesos de diálogo con el gobierno. Pero nuestra experiencia expresa serias dificultades para el cumplimiento de estos y mantener un trabajo conjunto para su implementación. Nuestras instituciones, servicios públicos que garantizan los derechos de la ciudadanía, han asumido los últimos años los costos y complejidades que las medidas de restricción y consolidación fiscal han generado. Demandamos al gobierno del presidente Gabriel Boric garantizar un diálogo más fluido y productivo y ,por sobre todo, cumplir los compromisos adquiridos con el sindicalismo público.
6.- Desde el movimiento estudiantil hemos vivido un momento de retroceso y pérdida en el que las fuerzas de derecha y ultraconservadoras han ido llenando los vacíos que hemos dejado al soltarnos desde el 2019. Pero esta situación tiene que cambiar, el costo de las matrículas, la falta de infraestructura, la seguridad, la crisis en la educación pública, el CAE y la educación no sexista de la mano con una educación sexual integral son claves para el Chile de hoy y el del mañana. Es por esto que hacemos un llamado a paralización y reagrupación total de las fuerzas progresistas para generar un primer hito de la reunificación de los movimientos sociales en el rearme de las ideas de cambios del siglo 21. Hoy más que nunca exigimos una vida digna, un mayor financiamiento a la
educación pública, una educación de calidad para todes, un fortalecimiento real a la Educación pública, una educación no sexista, y una educación sexual integral para todas y todes.
7.- Las familias agrupadas en los comités de los Sin Casa, los movimientos sociales y las pobladoras y pobladores que son parte de la lucha por la vivienda digna y el derecho a la ciudad, exigimos un diálogo honesto y directo, asumiendo nuestra responsabilidad y compromiso histórico en virtud de lograr nuestros objetivos, que deriven en la Construcción de Viviendas dignas como una tarea prioritaria, con una mirada de ciudad para todas y todos, con la creación y fortalecimiento del Banco de Suelos, asegurando los recursos necesarios para avanzar en la solución de los campamentos, con un apoyo decidido a las Cooperativas y los proyectos autogestionados, formulando una política de vivienda en arriendo a escala regional y comunal a precio justo, construyendo viviendas de calidad con eficiencia energética, generando el cambio de uso de suelo con resultados rápidos y eficientes, avanzando en un nuevo sistema de postulación y fiscalización de obras, mejorando los tiempos de aprobación de proyectos en el SERVIU y las DOM, mejorando los programas del Banco Estado que esté al servicio de las necesidades del pueblo, y asegurar la participación y la responsabilidad compartida creando una mesa de trabajo conjunto, con vínculos con los territorios y su diversidad.
8.- Durante décadas la salud ha sido una prioridad para la población, transformándose en una de las demandas más sentidas, es urgente que Chile avance en una reforma estructural al sistema de salud, que instale un nuevo mecanismo de financiamiento, que termine con el lucro con la enfermedad y que asegure una atención digna a las y los usuarios del sistema. Sumado a la necesidad de saldar la deuda con los equipos de salud, quienes enfrentaron la pandemia heroicamente y que hasta la fecha no tienen ninguna mejora en sus condiciones laborales a pesar de múltiples compromisos.
Demandamos la conformación de una mesa que involucre a todos los actores del sector y que permita establecer prioridades y definir contenidos para una reforma al sistema, terminando con el debate que ha buscado el salvataje a las ISAPRES y concretando el compromiso de gobierno de un fondo único de salud que asegure financiamiento universal y un cambio de paradigma en el sistema. Establecer un Plan Nacional para dar respuesta a la lista de espera y a la crisis de Salud mental con participación de las organizaciones del ámbito de la salud, fortalecer la universalización de la Atención Primaria y el per cápita, considerando como un pilar del futuro modelo de salud, terminar con la persecución de las licencias médicas, las y los trabajadores tienen Derecho a enfermarse. Dar cumplimiento a los compromisos de reparación y reconocimiento a las y los trabajadores, entregando mejores condiciones laborales que consideren un mejor salario, una real carrera funcionaria, reconocimiento al estamento técnico y un incentivo al retiro permanente.
9.- El movimiento social y sindical, no es ajeno a la Crisis de seguridad y los efectos devastadores del narcotráfico, son trabajadores y estudiantes quienes sufren inocentemente sus consecuencias. Es Urgente un Plan Nacional de Seguridad pública, donde el Estado se responsabilice de los determinantes sociales de la seguridad, sumando una mirada de corto mediano y largo plazo para combatir el crimen organizado, incorporando la opinión de todos los actores sociales.
En momento de crisis se deben tomar medidas inmediatas, por lo cual demandamos invertir recursos en instalar la política de seguridad comunitaria, donde las organizaciones sociales deben tener un rol preponderante, establecer una política de subsidios para la erradicación de familias de sectores catalogados como zonas rojas, establecer un acuerdo tripartito para georreferenciación de los lugares de trabajo, jornadas laborales que consideren horarios de alto riesgo, medidas especiales para trabajadores (as) que laboren en lugares categorizados como de alto riesgo. Exigimos una política de drogas con enfoque sanitario que permita enfrentar el narcotráfico y ayudar a miles de familia que sufren con el flagelo de la adicción.
Demandamos que hoy carabineros de Chile, cuente no solo con mayor dotación si no con mejores condiciones laborales; que permitan mejorar salarios, implementos de seguridad, jornada y protección a sus familias.
10.- Nuestro país debe asegurar el derecho a la ciudad y la movilidad mediante la garantía de un transporte público sostenible y accesible para todos. Es esencial que este sistema sea de propiedad pública, con tarifas justas y asequibles, y gestionado con respeto a los derechos laborales. Esto implica asegurar condiciones laborales seguras y protección social para los trabajadores del transporte, así como promover relaciones laborales saludables con sindicatos representativos. Además, la prioridad en la seguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios del transporte público es fundamental para crear un entorno confiable y equitativo.
11.- El modelo Neoliberal se agotó o nunca funcionó para las Mipymes, los trabajadores y sus familias, no podemos esperar chorreos ni bondad de los grandes empresarios, necesitamos un cambio que asegure bienestar y paz social, por lo anterior: Necesitamos un Nuevo Modelo de Desarrollo, pero con las Mipymes como protagonistas no como meros observadores. Es urgente una política industrial de largo plazo, que nos asegure modernización tecnológica, descentralización, empleos de calidad, sueldos dignos, sostenibilidad y protección al medio ambiente, teniendo a las Mipymes en el centro.
Por su parte, el Directorio Ejecutivo de la Federación Nacional de las y los Trabajadores de CCU, marchó en Santiago, por la Alameda hasta el GAM.
En la ocasión, el Presidente de la Federación, Rodrigo Oyarzún, manifestó que «es impresionante el marco de compañeras y compañeros que se sumaron a la convocatoria. Esto es una clara demostración de que, pese a las derrotas que hemos sufrido, los trabajadores seguimos de pie. Se trata de una poderosa demostración de fuerzas sobre todo hacia los sectores más reaccionarios de la sociedad. Aquí, tras el estallido social, el gran empresariado se asustó, pero no hubo cambios».
– En estos momentos, ¿cuáles son las demandas centrales y específicas de las y los trabajadores de la CCU?
«Estamos enfrentando una coyuntura respecto de la rebaja de la jornada laboral de las 40 horas, donde aún no hemos podido llegar a acuerdo con la compañía. No hemos logrado alcanzar una rebaja de tiempo laboral efectivo. De hecho, la empresa quiere que ‘compartamos’ el costo de esa demanda, cuestión que está absolutamente fuera de la ley. Asimismo, y ligado a lo anterior, estamos reivindicando que los trabajadores vendedores de la CCU dejen de estar regidos por el Artículo 22, inciso segundo, del Código Laboral, pasen a contar con una jornada de trabajo por fin, y termine el sistema de jornadas extenuantes de 10 y hasta 14 horas diarias, sin posibilidad de disfrutar de su familia, del derecho a recreación y tiempo libre, como corresponde».