El pasado jueves 26 de octubre comenzó el paro nacional de las y los trabajadores del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural agrupados en ANFUPATRIMONIO y ANATRAP, que contienen a cerca del 85 por ciento de todas las y los funcionarios del servicio dependiente del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, luego que en la comisión mixta del Congreso que discutía las partidas presupuestarias del servicio, no se cumplieron los compromisos adoptados por las autoridades de gobierno el año pasado para mejorar las condiciones laborales de las y los funcionarios.
El paro bordea el 95 por ciento de adhesión de los empleados que hacen funcionar el sistema de bibliotecas nacionales, públicas y regionales junto a los museos nacionales y regionales, archivos e investigación, de Arica a Puerto Williams, incluyendo la Isla Grande de Chiloé y Rapa Nui, con más de 1700 funcionarias y funcionarios.
Isabel Cortés, vicepresidenta nacional de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que agrupa a los dos sindicatos, señaló que, “lo que hoy estamos pidiendo tiene que ver con un acuerdo no cumplido, porque en 2022 la ministra Julieta Brodsky firmó un acuerdo en donde salían fechas y plazos para una serie de cosas que venían atrasándose, y al ir avanzando en mesas de trabajo para ir concertándolos, nos dimos cuenta que no venía amarrado con presupuesto. Las autoridades de ese momento presentaron interés en resolver la situación crítica del servicio, pero sin presupuesto y con pura voluntad no podíamos avanzar de manera concreta”.
El año pasado también se movilizaron de manera indefinida, porque el presupuesto 2023 para abordar estos temas, no consideraba las demandas de los funcionarios. Tras esa movilización, en el Parlamento se logró conseguir 168 millones de pesos, lo que significa para ellos el mínimo, que sólo alcanza para ir en apoyo de los más precarizados y que son sólo 160 de un total de 1.700 funcionarios.
“El Estado nuevamente nos obliga a ir al legislativo a discutir, y nuevamente llevar las demandas que son justas y dignas, porque no sólo tienen que ver con materias remuneracionales. También tienen que ver con que nos hagamos cargo de la situación crítica en que se encuentra el patrimonio y cómo el Estado está garantizando este derecho a la ciudadanía”, manifestó Isabel Cortés.
El martes 31, tras una reunión con la dirección del servicio, las asociaciones rechazaron las propuestas presentadas por resultar insatisfactorias a las demandas y los compromisos adoptados, por lo que la movilización continúa. Este jueves en Santiago han convocado a una concentración a las 15.00 horas, en las afueras del Museo de Bellas Artes.