Una persona no nacida en Chile tiene un 6,8 por ciento menos de probabilidad de tener un contrato de trabajo y un 26,6 por ciento más de probabilidades de encontrarse en la condición de subempleo profesional, comparado con alguien que nació en el país.
El más reciente estudio de la Fundación SOL “Trabajo y Migración: Inserción laboral y valor de la fuerza de trabajo en la población migrante”, reveló que casi el 30 por ciento de la comunidad migrante se encuentra en pobreza multidimensional, evaluando las áreas de educación, salud, trabajo y vivienda. Además, el informe expone condiciones laborales más precarias para las comunidades migrantes.
Durante los últimos años muchos países han experimentado importantes variaciones en la población como parte de los movimientos en las corrientes migratorias. Chile no ha sido la excepción. Entre 2015 y 2022, el número de personas ocupadas que declaran tener una nacionalidad distinta a la chilena, aumentó en casi 650 mil.
La investigadora de Fundación SOL y co-autora del estudio, Andrea Sato, señaló que estos fenómenos de desplazamiento están íntimamente relacionados con la crisis de los cuidados, entendida como la incapacidad social y política de garantizar bienestar de amplios sectores de la población, y que son parte de los procesos globales del Capital: “Los procesos migratorios no son dinámicas aisladas de un modelo de acumulación que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo – remunerada y no remunerada- al menor costo posible. Mientras en los países de origen las condiciones materiales no permiten la subsistencia, en los países de destino se arman mercados precarios de empleo para ocupar a la población migrante en tareas que buscan abaratar costos de fuerza de trabajo”.
En Chile, entre 2015 y 2022, el empleo total pasó de 8,4 millones a 8,9 millones. Esta variación se encuentra fuertemente explicada por la irrupción del empleo migrante, el que pasa de 353 mil a 994 mil personas. Al separar por sexo, es posible observar una predominancia a la inserción laboral del empleo masculino con un aumento de 224 por ciento, mientras que las trabajadoras migrantes lo hacen en un 140 por ciento.
“La inserción laboral de la población migrante según sector de actividad económica se da fundamentalmente en las ramas de comercio, industrias manufactureras, alojamiento/comida, y transporte. Estas 4 ramas absorben prácticamente el 60% de todo el empleo de la población inmigrante entre 2017 y 2022. El sector que más incrementó su importancia relativa en la población inmigrante fue transporte y almacenamiento seguido por las actividades de alojamiento y servicios de comida”, informó Gonzalo Durán, investigador de Fundación SOL y profesor asistente de la Universidad de Chile.
Al observar estas cifras, se puede concluir que la forma más efectiva de inserción laboral se dio a través de servicios de transporte (por ejemplo, vía aplicaciones) y mediante la oferta de servicios de comida, ya sea en establecimientos formales como también en el comercio informal callejero.
De acuerdo a la investigación, un aspecto distinguible en la población ocupada migrante es su elevado nivel educativo a diferencia de la población ocupada nacional. En 2015, un 33,1 por ciento tenía credenciales de educación superior y más allá (postítulos, maestrías y doctorados). En el caso de la población no migrante dicho resultado alcanza un 24,3 por ciento. En 2022, sube a 38,6 por ciento y a un 28,6 por ciento, respectivamente.
La mayor cantidad de años de escolaridad que trae la población trabajadora migrante no se ha traducido en mayores ingresos, a diferencia de las personas nacidas en Chile. “Si observamos a los no migrantes con 12 años de escolaridad, su promedio de ingresos es de $445.878, con 14 años sube a $638.470 y con 16 a $977.016. Sin embargo, la mayor cantidad de años de escolaridad que traen las y los trabajadores inmigrantes no se traducen en mayores ingresos. Así por ejemplo, con 16 años de escolaridad la población migrante recibe en promedio $612.674, esto equivale a un 37,3 por ciento menos comparado con la población nacida en Chile con igual cantidad de años de escolaridad. Esto se confirma al revisar el nivel educativo: mientras las personas no migrantes que tienen educación superior no universitaria perciben como promedio $607.082 como ingreso líquido de la ocupación principal, las personas migrantes con igual nivel educativo perciben $505.738, es decir casi $100 mil menos”, comentó Sato.
Según los datos recién entregados por la CASEN, en 2022, el promedio de ingresos que percibían los y las trabajadoras nacidas en Chile es de $742.544, mientras que las y los ocupados migrantes promediaron una suma de $628.223, es decir un 15,4 por ciento menos.
En cuanto a los niveles de pobreza monetaria (asociada principalmente a la cantidad de ingresos autónomos y transferencias del Estado), se constatan diferencias estadísticamente significativas. Mientras que la población no migrante registra una pobreza de 6,08 por ciento, en el caso de la población migrante llega a un 11,3 por ciento. En el caso de la pobreza extrema o también llamada indigencia, la población migrante duplica en resultados a la no migrante, 3,9 por ciento versus 1,8 por ciento.
En el caso de la pobreza monetaria, la encuesta CASEN permite identificar la pobreza multidimensional, es decir, evaluar la carencia en 5 dimensiones: educación, salud, trabajo, vivienda y redes. Durán puntualizó que, “El indicador compuesto de pobreza multidimensional considerando las primeras 4 dimensiones es de un 13,84 por ciento para la población no migrante y de un 29,76 por ciento para las comunidades migrantes. Ahora bien, al incluir las 5 dimensiones, los resultados son 15,8 por ciento y 30,5 por ciento, respectivamente.”
Uno de los objetivos del estudio fue evidenciar la profunda fractura social que produce un modelo que solo busca extraer más valor a costa de las crisis que el mismo modelo ocasiona. “El capital busca precarizar las condiciones de trabajo y de vida en general, para extraer una mayor plusvalía y así aumentar su tasa de ganancia. Los mecanismos de discriminación y exclusión para la población migrante se vuelven funcionales a un sistema que busca expoliar el trabajo y entiende que una masa de trabajadores vulnerables con necesidades de ingresos autónomos es una población perfecta para aquello”, terminó Andrea Sato.
NdR: Con información de El Ciudadano