De acuerdo a las Naciones Unidas, los pueblos indígenas conforman más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países. Están constituidos por 476 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres.
Son tan importantes porque practican culturas y formas únicas y valiosas de relacionarse con su entorno, y retienen rasgos sociales, culturales y políticos que son muy diferentes a la sociedad globalizada.
A lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.
El tema para el Día Mundial de las Poblaciones Indígenas en 2023 es «Juventud Indígena, agente de cambio hacia la autodeterminación». Un lema que invita a reflexionar sobre el papel crucial que los jóvenes indígenas desempeñan en la construcción de un mundo más justo y sostenible.
Sin embargo, en el Estado chileno, pese a haber firmado el Convenio 169 de la ONU, tiene en su historia un conjunto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sociales, culturales, políticos y territoriales contra los pueblos originarios.
Al respecto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile emitió una declaración donde se afirma que «Queremos pedirles su atención en referencia a las violaciones y los abusos sistemáticos que el estado Chileno está cometiendo en contra del pueblo Mapuche. Este pueblo originario, que en la actualidad está integrado por aproximadamente dos millones de personas, ha visto desde hace ya más de un siglo cómo sus tierras han sido expropiadas y vendidas a intereses privados.
El pueblo Mapuche ha pedido respeto por sus derechos y se ha organizado para defenderlos. La respuesta del Estado de Chile ha sido una extensa militarización de los territorios Mapuche y la criminalización de sus líderes, entregando como resultado, varias víctimas mortales y más de cien prisioneros políticos. Los distintos gobiernos chilenos que se han sucedido en los últimos veinte años no han tenido ningún inconveniente para aplicarles la Ley Antiterrorista de Pinochet a las protestas Mapuche.
Dicha ley le otorga al Estado el derecho de detener a personas sospechosas de ser terroristas y mantenerlas recluidas por un período mínimo de dos años sin derecho a presentar pruebas ni cargos, así como tampoco a resguardarse a través de un defensor público. Producto de esta política de estado, se encuentran en la actualidad 106 personas encarceladas, dos de ellas menores de edad, pertenecientes al pueblo Mapuche y otros con arresto a domicilio.
Sin embargo esta política de estado no se ha limitado solamente a los atropellos de los derechos políticos de los ciudadanos mapuche, sino que además no ha escatimado en la militarización de la zona, la cual ha afectado a las comunidades en su conjunto, compuestos por hombres, mujeres, niños, adultos y personas de tercera edad. De esta forma se han violado los derechos colectivos establecidos en función de la declaración sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas y la Convención Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo».