Justo hace 10 años, en la tarde del jueves 21 de febrero de 2013, una bala disparada por terceros tronchó la vida de Juan Pablo Jiménez, joven dirigente sindical de una empresa contratista de Chilectra, «Azeta», la cual ya no existe.
Desde hace diez años que este asesinato se mantiene impune y la familia continúa la lucha no sólo por que se haga justicia sino también por las banderas que mantuvo en alto hasta el día de su muerte: poner fin a un régimen laboral que atomizó a la clase trabajadora y dispuso las bases estructurales para su disgregación post dictadura con el fin de minar la capacidad de organización y sindicalización: el subcontrato, el multirut, el trabajo precario.
Este crimen provocó conmoción en amplios sectores de la sociedad chilena, que exigieron una investigación eficaz y el castigo a los culpables. La demanda por aclarar el crimen es amplia y transversal y no será satisfecha simplemente con atribuirlo a una “bala loca”. Más aún cuando entre familiares y compañeros del dirigente existe la convicción de que su muerte se relaciona con su actividad sindical.
El asesinato de Juan Pablo, permitió conocer su esforzada lucha sindical y el extenso prontuario de abusos cometidos por la empresa donde prestaba servicios. La demanda de verdad y castigo para su asesinato, se ha acompañado con la exigencia de que el Estado garantice los derechos de los trabajadores y reforme una legislación laboral que favorece estos abusos e impide en los hechos el pleno ejercicio del derecho a sindicalizarse, a negociar colectivamente y a la huelga. El débito en estas materias es ya intolerable.
A pesar que en su primer bando, la Junta Militar que tomó el mando tras el golpe de Estado de 1973, aseguraba a los trabajadores que sus conquistas económicas y sociales “no sufrirían modificaciones en lo fundamental”, la Central Única de Trabajadores -CUT-, fue proscrita y numerosos sindicalistas comenzaron a ser detenidos, enviados a campos de concentración, ejecutados, desaparecidos u obligados a abandonar el país rumbo al exilio. De esta forma se inició el desmantelamiento del movimiento sindical, condición fundamental para imponer luego un modelo económico inspirado en el neoliberalismo.
A diferencia de otros países latinoamericanos, donde el ataque al sindicalismo y a sus líderes es practicado por sicarios privados o paramilitares, en Chile los perpetradores en su mayoría fueron agentes del Estado. Los empresarios se limitaron a beneficiarse de la represión, aunque algunos colaboraron directamente con ella, ya sea confeccionando listas “negras” o como en el caso del empresario Ricardo Claro, facilitando un barco para el traslado masivo de prisioneros al campo de concentración de Pisagua.
A la violencia directa, se sumó pronto el flagelo de la cesantía y la imposición de una nueva legislación laboral, que facilitó aún mas la acción anti sindical. Esto debilitó al movimiento de trabajadores, pese a lo cual consiguió recomponer fuerzas y encabezar las masivas protestas contra la dictadura de la década de los 80. En este marco logró incluso refundar la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
La transición democrática, abierta tras el plebiscito de 1988, generó muchas expectativas para el movimiento sindical. Sin embargo, la persistencia de una legislación laboral que continúa favoreciendo al empresariado y sus prácticas anti-sindicales y fenómenos como el consumismo y el endeudamiento, como también el auge del trabajo precario, no han permitido un progreso sustantivo y la organización laboral se ha visto severamente disminuida, tanto en número de afiliados como en influencia socio-política.
En este marco adquiere mayor valor la lucha de Juan Pablo Jiménez . Él formaba parte de una nueva generación de dirigentes jóvenes y combativos, surgidos en el sector del subcontrato, el trabajo precario y el retail, que representan el futuro del movimiento sindical chileno.